LA REORDENACIÓN, FINALMENTE EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

El Gobierno de la Junta de Andalucía decidió a comienzos del verano pasado, afrontar una reordenación de todo el sector público en Andalucía, reduciendo el número de entidades instrumentales en más de 100, mediante complejos procesos de fusión, integración, absorción o extinción para, con todo ello, ahorrar 100 millones de euros en tres años.  

La feliz idea se llevó a cabo, inicialmente, mediante un Decreto-Ley (5/2010) que contenía gravísimos errores de concepto, en lo referente a la prestación de los servicios que pretendía ordenar y sobre las personas que prestaban dichos servicios. Suponía en la forma, una imposición descarada e insensible a los legítimos intereses profesionales y laborales de las empleadas y empleados públicos y, en el fondo, esquivar de manera cobarde el debate en el Parlamento Andaluz y en la sociedad de un asunto de tanto calado.

Ante esta manera de gobernar, se organizó una auténtico "tangai" en la Junta de Andalucía y en todas aquellas empresas, agencias, fundaciones, etc. a las que afectaba el Decreto.  Un desconcierto en el que nadie tenía asegurado ningún futuro laboral ni profesional y caldo de cultivo para el sectarismo y la confrontación. Todos contra todos, "cada cual que defienda su derecho" se leía en un cartel pegado con cinta adhesiva en un centro público, "quieren enchufar a 25000 paniaguados" se escribió en un renombrado periódico, "van a privatizar los servicios públicos" gritaban funcionarios y funcionarias. En medio de esta tempestad estuvimos a punto de mandar al paro a 25.000 personas, porque no había superado ninguna oposición, y a 25.000 funcionarios porque sus puestos se iban a privatizar. Todo a la vez.

En esa situación, unos decidieron adoptar la derogación como máxima irrenunciable, otros optaron por forzar la negociación para arreglar el estropicio. 

Pasados unos meses, los primeros siguen encasquillados en su exigencia, los segundos han conseguido que la reordenación del sector público en Andalucía que, dicho sea de paso nadie discute su necesidad, sea negociada con los representantes sindicales y debatida en el Parlamento Andaluz. Todos los sindicatos, incluidos los de la derogación, han comparecido ante el Parlamento para formalizar su posición al respecto. A partir de ahí, podemos empezar a ver con mayor claridad cuales son sus verdaderos intereses (he estado a punto de decir objetivos pero, en algunos casos, son simples intereses), por los que se mueven.

Dentro de otros pocos meses, cuando las aguas vuelvan a su cauce, a la vista de la nueva realidad que nos espera en los servicios públicos y ante la ineludible evaluación de los legítimos derechos que han estado en riesgo, señalaremos de manera inequívoca quienes han luchado para conseguir salvar una situación objetivamente desfavorable y quienes, simplemente, no han conseguido nada (como siempre).