Resulta que una decisión del Gobierno Andaluz sirve para que nos enfrentemos entre nosotros y nosotras, personas empleadas públicas, en una espiral de insultos de parvulario que van desde el “…yo he aprobado unas oposiciones puras y duras…” hasta el “…aquí el que trabaja soy yo, vosotros sois unos vagos, parásitos de la sociedad… ”. Hemos llegado a publicar nuestro historial profesional o el de otras personas: para justificar esas afirmaciones, certificar que decimos la verdad y merecer tener todos los derechos pero, sobre todo, para certificar que otros no merecen tener ningún derecho, ni siquiera el derecho al trabajo.
Mientras nos pasamos el día señalándonos con el dedo de señalar (“…y tú más…”, “…pues anda que tú, con esas gafas…”) ocurren dos cosas que nos afectan mucho más que ese vodevil que representamos: la reordenación sigue su camino en el trámite parlamentario y la sociedad nos mira (a las personas empleadas públicas) cada vez con más desdén por estar pendientes del ombligo mientras fuera, en la calle, hace un frío de crisis que te pelas.
Es bueno recordar, en algún caso descubrir, que ese proyecto de ley no quita derechos a nadie, ninguno y a pesar de su mal nacimiento (¿cuál es la pelea, entonces?); que va a rediseñar los servicios públicos andaluces, cómo y quién los presta; que los partidos políticos están defendiendo sus enmiendas al proyecto de ley (los que las tienen), las organizaciones sociales han dado su opinión y sólo dos de los sindicatos que representan al personal afectado están influyendo en ese debate, negociando modificaciones en el articulado para garantizar que no se violan derechos.
El sindicato que se autocalifica “mayoritario”, junto con otros corporativos, siguen lamentablemente atascados y escondiendo su fracaso y su falta de propuestas detrás de una campaña de fomento de la discordia y la pelea entre iguales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión sobre el artículo