En este país, con una economía tan subvencionada que hasta las cabras reciben subvención, hay quien se plantea lo ilícito, inmoral, alegal, etc. que son las subvenciones que reciben los sindicatos. Para empezar debemos saber diferenciar las subvenciones, que como representantes de los trabajadores, reciben las organizaciones sindicales del Estado. Igual de legítima que las que reciben los partidos políticos, organizaciones empresariales, ongs, hasta la santa iglesia. Y, por otra parte, las subvenciones finalistas para la ejecución de acciones formativas. Sobre estas últimas quiero emplear las siguientes líneas, para ver si apagamos tanto incendio demagogo.
Todos los trabajadores y las trabajadoras de este país, a través de su nómina, pagan una cuota para su formación, lo que supone unos voluminosos fondos que el Estado destinaba a otros menesteres, distintos a la formación. Fue a partir de la presión síndical cuando se alcanzaron los pactos tripartitos, entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, con el fin de destinar estos fondos a la formación de los trabajadores y las trabajadoras y donde una parte podía ser gestionada por sus máximos representantes: CC.OO. y UGT. Por tanto, cuando escucho críticas a que los sindicatos recibamos fondos para gestionar la formación, me vienen a la cabeza otros tiempos, cuando ese dinero la Administración lo dedicaba a otras cuestiones.
En el ámbito de las Administraciones Públicas se alcanzó el Acuerdo de Formación de las Administraciones Públicas, -vamos por el V-, firmado por la Administración y los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y CIGA. En primer lugar, señalar lo curioso de este acuerdo, por el cual se han destinado cuantiosos fondos a la formación continua de los empleados públicos. La mayoría de del personal en este ámbito pertenece a MUFACE, MUGEJU, etc., mutuas que no cotizan por la formación de sus afiliados. Es decir, hay funcionarios y funcionarias que recibimos formación gracias a la aportación de otros trabajadores y trabajadoras. En esta ocasión también los máximos representantes de los trabajadores gestionan un 20% del total de los fondos, para impartir formación, mediante un reparto proporcional a la representación que cada uno tiene en el ámbito de la función pública. En virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional, hoy tienen derecho a recibir esa subvención para la gestión de cursos de formación, cualquier sindicato con representación en este ámbito.
El primer año tras la sentencia del Constitucional, pusieron la mano todos los sindicatos y recibieron la subvención proporcional a su representación. Algunos de estos sindicatos, al ver las dificultades de gestionar la subvención y las enormes exigencias de la Administración, se arrogaron de un baño ético y al siguiente año renunciaron a la subvención e iniciaron una batalla contra las subvenciones a los sindicatos. Continuara...
