El Gobierno, en sus últimos estertores antes de las elecciones, aprovecha hasta el último minuto de su mandato para aprobar nuevas medidas contra los servicios públicos, mejorando las perspectivas de beneficio económico para la élite económica nacional e internacional.
A las reformas en el ámbito laboral, como el permitir la concatenación de contratos temporales, que empeorará las condiciones de trabajo, se une la reforma de urgencia de la Constitución , para garantizar la limitación del déficit público.
El principal problema de endeudamiento no lo tiene el estado, lo tienen los particulares y las empresas. La deuda pública es alta, pero no lo es tanto en relación a la deuda privada. El boom inmobiliario, en el que se ha basado gran parte de la economía española durante años, ha dejado tras de sí el endeudamiento importantísimo de muchas familias, que en muchos casos han perdido sus casas y al mismo tiempo han seguido debiendo dinero a los bancos que les financiaron. Los mismos bancos que compraron deudas incobrables para especular con ellas y aumentar sus beneficios. Finalmente, esa pésima gestión financiera los hizo en una espiral de quiebra de la que salieron gracias a las ayudas públicas. Por el contrario, un gobierno de izquierdas habría promovido la nacionalización de sectores importantes de la banca, construyendo un sector bancario público al servicio de la ciudadanía; un gobierno progresista habría invertido en comprar las viviendas que iban a ser embargadas, salvando a los bancos de la quiebra y a las personas propietarias del desahucio, configurando un parque público de vivienda a ofrecer en alquiler a las personas que las necesitan; un gobierno simplemente serio habría implantado la “dación en pago” en caso de embargo.
La deuda, ese grave problema
Las empresas también tienen deudas importantes y graves dificultades de financiación para reimpulsar sus negocios. Parece contradictorio que la patronal se congratule de la limitación de la capacidad de endeudamiento del estado, y al mismo tiempo se queje amargamente de que el crédito no fluye lo suficiente para financiar su actividad económica. Para mantener el ritmo de producción en sus empresas necesitan liquidez, como es lógico, y más aún las pequeñas y medianas empresas que han visto mermados sus ingresos con el frenazo de la actividad económica.
El Estado, a través de los Gobiernos, tiene el mismo patrón de funcionamiento que las familias o las empresas, adquiere deudas razonables para financiar sus servicios o relanzar la economía mediante inversiones en determinados sectores, en definitiva, para hacer la política que la ciudadanía demanda.
A la derecha y a las grandes empresas les interesa, por el contrario, un Estado reducido a la mínima expresión, donde la prestación de servicios esenciales se reduzca y ese espacio sea ocupado por el ámbito privado, para así multiplicar sus beneficios. En definitiva, el Estado gastaría menos y los particulares gastaríamos más y todo ese gasto iría a parar a los bolsillos de los magnates de la sanidad, educación, etc.
El Estado, a través de los Gobiernos, tiene el mismo patrón de funcionamiento que las familias o las empresas, adquiere deudas razonables para financiar sus servicios o relanzar la economía mediante inversiones en determinados sectores, en definitiva, para hacer la política que la ciudadanía demanda.
A la derecha y a las grandes empresas les interesa, por el contrario, un Estado reducido a la mínima expresión, donde la prestación de servicios esenciales se reduzca y ese espacio sea ocupado por el ámbito privado, para así multiplicar sus beneficios. En definitiva, el Estado gastaría menos y los particulares gastaríamos más y todo ese gasto iría a parar a los bolsillos de los magnates de la sanidad, educación, etc.
Comprar a peseta, vender a duro
Lancemos una pregunta al aire: ¿el endeudamiento del estado sería tan alto sin el multimillonario rescate financiero a la banca? Claro, endeudarse para salvar los bancos no es pecado, es justo y necesario, lo que no está bien es endeudarse para mantener cosas inútiles como escuelas, hospitales y servicios sociales.
Pero la cosa no queda ahí. El “tocomocho” de la banca va mucho más allá, ya que, una vez recapitalizadas sus arcas con dinero público, con el grifo del crédito cerrado a cal y canto para los particulares y las pequeñas empresas, y con el Banco Central Europeo permitiéndoles acceder a más y más fondos al irrisorio interés del 1%, se encuentran con que los estados, para poder hacer frente al agujero en las cuentas públicas, tiene que vender deuda a intereses del 6-7% a esos mismos bancos a los que han rescatado. Para muestra un botón: los bancos españoles son los principales acreedores de deuda pública y privada portuguesa (ver este enlace). Es el negocio del siglo: primero convierten su deuda privada en deuda pública, y luego, compran esa deuda pública a un interés desorbitado. Es muy ilustrativo al respecto el siguiente video, que aunque ya algo antiguo, deja muy claro lo que ha pasado y sigue pasando: (Pulsa este enlace para ver vídeo).
Ahora bien, existe un riesgo: ¿y si aprietan tanto al estado que terminan ahogándolo y provocando que no pueda pagar su deuda? La reforma constitucional viene a solventar el problema, rezando literalmente el nuevo artículo 135.3: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta” (extraido de El País) Así, puede que no haya dinero para pagar a los empleados y empleadas públicas, puede que no podamos construir carreteras, hospitales o escuelas, que no haya para pensiones o para I+D+I, pero el pago de la deuda a los banqueros y especuladores queda garantizado constitucionalmente.
Juan Antonio Perles Gálvez
