18 de julio de 2011

La crisis y los empleados públicos

El 12 de julio, Luis Carreto, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), declaró que el funcionario “haga bien o mal su trabajo, no ha sufrido en sus carnes la crisis”, señalando a continuación “los trabajadores se acomodan a la falta de liquidez de una empresa en un momento determinado y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, cuando se le toca el bolsillo a un funcionario, estamos perdidos. Parece que se va a hundir el mundo”, y terminando con una frase para enmarcar: “creo que el trabajo para toda la vida, tanto para el funcionario, como para universidad o la educación, es uno de los grandes errores del país”.


Se pueden hacer varias lecturas de estas declaraciones, empezando por lo más evidente: Carreto, como bien señala Luis Mena, portavoz de CCOO, en declaraciones a Diario Córdoba, no se ha enterado de las medidas de recorte salarial del gobierno sobre los empleados y empleadas del sector público. Carreto, como  representante de la clase empresarial, evidencia una serie de posicionamientos y prejuicios acordes con los intereses de su clase social. Analicemos brevemente algunos de estos posicionamientos.


Comencemos haciendo notar la visión de la gestión de recursos humanos que Carreto explicita. Según él, el problema del sector público no es otro que la estabilidad en el empleo. Como un empresario trasnochado, no entiende otra forma de mejorar la gestión pública y aumentar su productividad que el jarabe de palo, por lo que resulta inaplazable una reforma a fondo del sector público que acabe con los trabajos “para toda la vida”. Por supuesto, no vamos a negar que sea claramente mejorable la gestión de recursos humanos del sector público, pero estas situaciones también se dan en el sector privado, y además, son irrisorias en comparación con los abusos patronales, donde el pan de cada día de los trabajadores y trabajadoras es la vulneración de derechos más que reconocidos en lo formal, quedando en papel mojado en multitud de empresas, donde el miedo al despido impone la ley del silencio entre la clase trabajadora. Luis Carreto sabe perfectamente que eliminando la estabilidad en el empleo, los empleados y empleadas del sector público serán impelidos, como si del siglo XIX se tratara, a asumir sin rechistar y más allá de la legalidad, las directrices de sus mandos políticos (mandos políticos que la patronal no duda que estarán, por lo general y de esa manera, a su servicio), será más fácil realizar reducciones de personal ante eventuales desmantelamientos de áreas públicas de gestión y las condiciones laborales tenderán a empeorar (incluidos los salarios).
En cuanto a esto último, con la bajada de los salarios en el sector público, la clase empresarial logra dos objetivos: reducir el coste de la gestión (lo que libera fondos para subvencionar su actividad con el dinero de todos, rescatar bancos, etc., y al mismo tiempo podría justificar nuevas reducciones de impuestos para las rentas más altas), y modular a la baja los salarios en el sector privado. Esto lo tienen tan claro, que en el famoso “Pacto por el Euro Plus” los gobiernos europeos acuerdan que los salarios en el sector público son un referente para el sector privado, y que por tanto hay que reducirlos.

DESPRESTIGIO DEL SECTOR PÚBLICO
Pero la madre del cordero de los ataques frontales de la patronal a los empleados y empleadas de las distintas administraciones, es la necesidad que tiene esa clase social de desprestigiar el conjunto de la gestión pública. La patronal y los sectores liberales-conservadores a su servicio arremeten sistemáticamente contra el sector público, y no lo hacen por gusto, sino porque es necesario para que maximicen sus beneficios, que es lo que en el fondo determina toda su actividad económica y político-social. Las crisis económicas, paradójicamente, se originan por un exceso de abundancia, un exceso de capitales que generan una superproducción de bienes inasumible por el mercado, obligando a ralentizar la producción.


Necesitan una salida que aumente sus beneficios, y para ello no dudan en reducir costes laborales, disminuyendo al mismo tiempo la capacidad de consumo de la población y, por tanto, agravando el problema. Una opción es buscar nuevos mercados y zonas de influencia en el extranjero, por las buenas o por las bravas (p.ej. Libia), y otra es desviar capitales hacia sectores que estaban en manos del sector público. Así, Aznar, con una “sabia” combinación de explotación salvaje (principalmente dando rienda suelta a las ETTs) y de privatizaciones masivas (Telefónica, Endesa, etc.), pudo solventar la anterior crisis, aumentando los beneficios empresariales a costa de la clase trabajadora y del sector público.
Ahora, Zapatero, con la bendición de la CEOE, realiza las reformas necesarias para que las condiciones laborales empeoren, bajando así los costes laborales para el empresariado, al mismo tiempo que realiza algunas privatizaciones (p.ej. gestión de aeropuertos) y recortes en el sector público que alivien la carga sobre unas arcas públicas esquilmadas por las bajadas de impuestos a los más ricos y el rescate bancario con dinero público.

Por lo tanto, cuando Luis Carreto ataca al funcionariado, lo que en realidad está diciendo es que hay que bajarles todavía más los impuestos a los más ricos, que los salarios del conjunto de trabajadores y trabajadoras tienen que bajar, y que necesitan como el comer privatizaciones, para que lo que ahora es de todos pase a ser de ellos. A este señor le dan igual los datos objetivos, como que España está a la cola de la UE-15 en cuanto a número de personas empleadas del sector público por habitante, y, por lo tanto, a la cola en cuanto a la calidad de su estado de bienestar (ver, por ejemplo,  Vicenç Navarro).

BONO: "LA LUCHA DE CLASES YA NO CUELA NI EN CHINA"
Hace poco, el presidente del Congreso de los Diputados, señor Bono, hizo unas declaraciones en las que dijo que “la lucha de clases en los inicios del siglo XXI es una milonga que no cuela ya ni en China".

Estaría bien que se lo recordara a sus amigos, los Carreto, Rosell y cía., porque ellos practican la lucha de clases con gran virulencia y, reconozcámoslo, con bastante más eficacia que nosotros.
Escuchando a algunos otros representantes empresariales pudiera parecer que lo público (o incluso sus trabajadores) tiene la culpa de la crisis y olvidan “interesadamente” la responsabilidad del  los “empresarios-especuladores” que han contribuido a que la crisis sea tan profunda.
La ciudadanía nos pedirá, cada vez más, cuentas a los representantes, tanto de trabajadores como de empresarios, y no podemos seguir mirando para otro lado o hacia el que está enfrente. Eso debemos hacer los representantes sindicales, asumir nuestra cuota de responsabilidad y trabajar duro para que el futuro sea mejor, lo que es especialmente importante dentro de la Administración por estar al servicio de todos los ciudadanos como servidores públicos. Pero también, personajes como Luis Carreto deberían ser muy prudentes en lo que dicen y hacen o es que hay que recordar con qué recursos se mantienen  en gran parte las estructuras de las organizaciones empresariales (también de sindicatos y partidos políticos). Son recursos públicos que vienen de los impuestos de los ciudadanos “que pagan impuestos”; por cierto todos sabemos que los impuestos directos provienen el 80% aproximadamente de los ciudadanos que tienen “nomina”.
Acabemos lanzando algunas preguntas: ¿Cuánto tiempo lleva Luis Carreto en la cabeza de CECO?, ¿cuál es su salario? y ¿con qué recursos se paga?, ¿tiene realmente actividad empresarial, es decir, es empresario?. En fin, prudencia, transparencia, responsabilidad, buen trabajo y respeto por los demás son elementos esenciales para construir un futuro mejor.



Artículo de Charo Madueño y Juan Antonio Perles
Funcionarios y afiliados a la FSC-CCOO de Córdoba.

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