DÉFICIT, CONSTITUCIÓN Y SECTOR PÚBLICO (I)

El Gobierno, en sus últimos estertores antes de las elecciones, aprovecha hasta el último minuto de su mandato para aprobar nuevas medidas contra los servicios públicos, mejorando las perspectivas de beneficio económico para la élite económica nacional e internacional.

A las reformas en el ámbito laboral, como el permitir la concatenación de contratos temporales, que empeorará las condiciones de trabajo, se une la reforma de urgencia de la Constitución, para garantizar la limitación del déficit público.

La deuda, ese grave problema

 El principal problema de endeudamiento no lo tiene el estado, lo tienen los particulares y las empresas. La deuda pública es alta, pero no lo es tanto en relación a la deuda privada. El boom inmobiliario, en el que se ha basado gran parte de la economía española durante años, ha dejado tras de sí el endeudamiento importantísimo de muchas familias, que en muchos casos han perdido sus casas y al mismo tiempo han seguido debiendo dinero a los bancos que les financiaron. Los mismos bancos que compraron deudas incobrables para especular con ellas y aumentar sus beneficios. Finalmente, esa pésima gestión financiera los hizo en una espiral de quiebra de la que salieron gracias a las ayudas públicas. Por el contrario, un gobierno de izquierdas habría promovido la nacionalización de sectores importantes de la banca, construyendo un sector bancario público al servicio de la ciudadanía; un gobierno progresista habría invertido en comprar las viviendas que iban a ser embargadas, salvando a los bancos de la quiebra y a las personas propietarias del desahucio, configurando un parque público de vivienda a ofrecer en alquiler a las personas que las necesitan; un gobierno simplemente serio habría implantado la “dación en pago” en caso de embargo.

Las empresas también tienen deudas importantes y graves dificultades de financiación para reimpulsar sus negocios. Parece contradictorio que la patronal se congratule de la limitación de la capacidad de endeudamiento del estado, y al mismo tiempo se queje amargamente de que el crédito no fluye lo suficiente para financiar su actividad económica. Para mantener el ritmo de producción en sus empresas necesitan liquidez, como es lógico, y más aún las pequeñas y medianas empresas que han visto mermados sus ingresos con el frenazo de la actividad económica.
El Estado, a través de los Gobiernos, tiene el mismo patrón de funcionamiento que las familias o las empresas, adquiere deudas razonables para financiar sus servicios o relanzar la economía mediante inversiones en determinados sectores, en definitiva, para hacer la política que la ciudadanía demanda.
A la derecha y a las grandes empresas les interesa, por el contrario, un Estado reducido a la mínima expresión, donde la prestación de servicios esenciales se reduzca y ese espacio sea ocupado por el ámbito privado, para así multiplicar sus beneficios. En definitiva, el Estado gastaría menos y los particulares gastaríamos más y todo ese gasto iría a parar a los bolsillos de los magnates de la sanidad, educación, etc.

Comprar a peseta, vender a duro

Lancemos una pregunta al aire: ¿el endeudamiento del estado sería tan alto sin el multimillonario rescate financiero a la banca? Claro, endeudarse para salvar los bancos no es pecado, es justo y necesario, lo que no está bien es endeudarse para mantener cosas inútiles como escuelas, hospitales y servicios sociales.

Pero la cosa no queda ahí. El “tocomocho” de la banca va mucho más allá, ya que, una vez recapitalizadas sus arcas con dinero público, con el grifo del crédito cerrado a cal y canto para los particulares y las pequeñas empresas, y con el Banco Central Europeo permitiéndoles acceder a más y más fondos al irrisorio interés del 1%, se encuentran con que los estados, para poder hacer frente al agujero en las cuentas públicas, tiene que vender deuda a intereses del 6-7% a esos mismos bancos a los que han rescatado. Para muestra un botón: los bancos españoles son los principales acreedores de deuda pública y privada portuguesa (ver este enlace). Es el negocio del siglo: primero convierten su deuda privada en deuda pública, y luego, compran esa deuda pública a un interés desorbitado. Es muy ilustrativo al respecto el siguiente video, que aunque ya algo antiguo, deja muy claro lo que ha pasado y sigue pasando: (Pulsa este enlace para ver vídeo).

Ahora bien, existe un riesgo: ¿y si aprietan tanto al estado que terminan ahogándolo y provocando que no pueda pagar su deuda? La reforma constitucional viene a solventar el problema, rezando literalmente el nuevo artículo 135.3: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta” (extraido de El País) Así, puede que no haya dinero para pagar a los empleados y empleadas públicas, puede que no podamos construir carreteras, hospitales o escuelas, que no haya para pensiones o para I+D+I, pero el pago de la deuda a los banqueros y especuladores queda garantizado constitucionalmente.

Juan Antonio Perles Gálvez

La crisis y los empleados públicos

El 12 de julio, Luis Carreto, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), declaró que el funcionario “haga bien o mal su trabajo, no ha sufrido en sus carnes la crisis”, señalando a continuación “los trabajadores se acomodan a la falta de liquidez de una empresa en un momento determinado y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, cuando se le toca el bolsillo a un funcionario, estamos perdidos. Parece que se va a hundir el mundo”, y terminando con una frase para enmarcar: “creo que el trabajo para toda la vida, tanto para el funcionario, como para universidad o la educación, es uno de los grandes errores del país”.

Se pueden hacer varias lecturas de estas declaraciones, empezando por lo más evidente: Carreto, como bien señala Luis Mena, portavoz de CCOO, en declaraciones a Diario Córdoba, no se ha enterado de las medidas de recorte salarial del gobierno sobre los empleados y empleadas del sector público. Carreto, como  representante de la clase empresarial, evidencia una serie de posicionamientos y prejuicios acordes con los intereses de su clase social. Analicemos brevemente algunos de estos posicionamientos.

Comencemos haciendo notar la visión de la gestión de recursos humanos que Carreto explicita. Según él, el problema del sector público no es otro que la estabilidad en el empleo. Como un empresario trasnochado, no entiende otra forma de mejorar la gestión pública y aumentar su productividad que el jarabe de palo, por lo que resulta inaplazable una reforma a fondo del sector público que acabe con los trabajos “para toda la vida”. Por supuesto, no vamos a negar que sea claramente mejorable la gestión de recursos humanos del sector público, pero estas situaciones también se dan en el sector privado, y además, son irrisorias en comparación con los abusos patronales, donde el pan de cada día de los trabajadores y trabajadoras es la vulneración de derechos más que reconocidos en lo formal, quedando en papel mojado en multitud de empresas, donde el miedo al despido impone la ley del silencio entre la clase trabajadora. Luis Carreto sabe perfectamente que eliminando la estabilidad en el empleo, los empleados y empleadas del sector público serán impelidos, como si del siglo XIX se tratara, a asumir sin rechistar y más allá de la legalidad, las directrices de sus mandos políticos (mandos políticos que la patronal no duda que estarán, por lo general y de esa manera, a su servicio), será más fácil realizar reducciones de personal ante eventuales desmantelamientos de áreas públicas de gestión y las condiciones laborales tenderán a empeorar (incluidos los salarios).

En cuanto a esto último, con la bajada de los salarios en el sector público, la clase empresarial logra dos objetivos: reducir el coste de la gestión (lo que libera fondos para subvencionar su actividad con el dinero de todos, rescatar bancos, etc., y al mismo tiempo podría justificar nuevas reducciones de impuestos para las rentas más altas), y modular a la baja los salarios en el sector privado. Esto lo tienen tan claro, que en el famoso “Pacto por el Euro Plus” los gobiernos europeos acuerdan que los salarios en el sector público son un referente para el sector privado, y que por tanto hay que reducirlos.

DESPRESTIGIO DEL SECTOR PÚBLICO

Pero la madre del cordero de los ataques frontales de la patronal a los empleados y empleadas de las distintas administraciones, es la necesidad que tiene esa clase social de desprestigiar el conjunto de la gestión pública. La patronal y los sectores liberales-conservadores a su servicio arremeten sistemáticamente contra el sector público, y no lo hacen por gusto, sino porque es necesario para que maximicen sus beneficios, que es lo que en el fondo determina toda su actividad económica y político-social. Las crisis económicas, paradójicamente, se originan por un exceso de abundancia, un exceso de capitales que generan una superproducción de bienes inasumible por el mercado, obligando a ralentizar la producción.


Necesitan una salida que aumente sus beneficios, y para ello no dudan en reducir costes laborales, disminuyendo al mismo tiempo la capacidad de consumo de la población y, por tanto, agravando el problema. Una opción es buscar nuevos mercados y zonas de influencia en el extranjero, por las buenas o por las bravas (p.ej. Libia), y otra es desviar capitales hacia sectores que estaban en manos del sector público. Así, Aznar, con una “sabia” combinación de explotación salvaje (principalmente dando rienda suelta a las ETTs) y de privatizaciones masivas (Telefónica, Endesa, etc.), pudo solventar la anterior crisis, aumentando los beneficios empresariales a costa de la clase trabajadora y del sector público.
Ahora, Zapatero, con la bendición de la CEOE, realiza las reformas necesarias para que las condiciones laborales empeoren, bajando así los costes laborales para el empresariado, al mismo tiempo que realiza algunas privatizaciones (p.ej. gestión de aeropuertos) y recortes en el sector público que alivien la carga sobre unas arcas públicas esquilmadas por las bajadas de impuestos a los más ricos y el rescate bancario con dinero público.

Por lo tanto, cuando Luis Carreto ataca al funcionariado, lo que en realidad está diciendo es que hay que bajarles todavía más los impuestos a los más ricos, que los salarios del conjunto de trabajadores y trabajadoras tienen que bajar, y que necesitan como el comer privatizaciones, para que lo que ahora es de todos pase a ser de ellos. A este señor le dan igual los datos objetivos, como que España está a la cola de la UE-15 en cuanto a número de personas empleadas del sector público por habitante, y, por lo tanto, a la cola en cuanto a la calidad de su estado de bienestar (ver, por ejemplo,  Vicenç Navarro).

BONO: "LA LUCHA DE CLASES YA NO CUELA NI EN CHINA"

Hace poco, el presidente del Congreso de los Diputados, señor Bono, hizo unas declaraciones en las que dijo que “la lucha de clases en los inicios del siglo XXI es una milonga que no cuela ya ni en China".

Estaría bien que se lo recordara a sus amigos, los Carreto, Rosell y cía., porque ellos practican la lucha de clases con gran virulencia y, reconozcámoslo, con bastante más eficacia que nosotros.

Escuchando a algunos otros representantes empresariales pudiera parecer que lo público (o incluso sus trabajadores) tiene la culpa de la crisis y olvidan “interesadamente” la responsabilidad del  los “empresarios-especuladores” que han contribuido a que la crisis sea tan profunda.

La ciudadanía nos pedirá, cada vez más, cuentas a los representantes, tanto de trabajadores como de empresarios, y no podemos seguir mirando para otro lado o hacia el que está enfrente. Eso debemos hacer los representantes sindicales, asumir nuestra cuota de responsabilidad y trabajar duro para que el futuro sea mejor, lo que es especialmente importante dentro de la Administración por estar al servicio de todos los ciudadanos como servidores públicos. Pero también, personajes como Luis Carreto deberían ser muy prudentes en lo que dicen y hacen o es que hay que recordar con qué recursos se mantienen  en gran parte las estructuras de las organizaciones empresariales (también de sindicatos y partidos políticos). Son recursos públicos que vienen de los impuestos de los ciudadanos “que pagan impuestos”; por cierto todos sabemos que los impuestos directos provienen el 80% aproximadamente de los ciudadanos que tienen “nomina”.

Acabemos lanzando algunas preguntas: ¿Cuánto tiempo lleva Luis Carreto en la cabeza de CECO?, ¿cuál es su salario? y ¿con qué recursos se paga?, ¿tiene realmente actividad empresarial, es decir, es empresario?. En fin, prudencia, transparencia, responsabilidad, buen trabajo y respeto por los demás son elementos esenciales para construir un futuro mejor.

Artículo de Charo Madueño y Juan Antonio Perles
Funcionarios y afiliados a la FSC-CCOO de Córdoba.

Este blog pretende ser un espacio de debate. Envía tu artículo a sectorpublicoandalucia@gmail.com si es seleccionado, será publicado.

Después de las elecciones de personal funcionario

     Como bien sabéis, el pasado día 28 de abril (17 de mayo en Sevilla) se celebraron las elecciones sindicales para elegir a los y las representantes del personal funcionario en la Administración Autonómica (en octubre se celebrarán en Jaén). Estas elecciones han supuesto un retroceso en las posiciones de nuestro sindicato, siendo los sindicatos corporativos los claros ganadores. Felicitamos a los compañeros y compañeras que, concurriendo en las listas de estos sindicatos, han logrado el apoyo necesario para ser representantes de los funcionarios y funcionarias, y esperamos que sea posible una colaboración en pos de los intereses de todos y todas.

Sin embargo, pensamos que el camino elegido por el funcionariado de la Junta de Andalucía no es el más adecuado para lograr una defensa efectiva de nuestros derechos. Estamos convencidos de que sólo un sindicalismo de clase, solidario, combativo y eficaz en la negociación será capaz de frenar los ataques que venimos sufriendo por parte de los gobiernos central y autonómico, que atienden exclusivamente a los intereses de la gran patronal y la banca, sacrificando los derechos conquistados durante años en el altar de los beneficios de estas grandes empresas.

En la empresa privada el papel de ese sindicalismo “independiente” es mucho más evidente, por su total connivencia con la patronal. Sin embargo, en el sector público, de un tiempo a esta parte se presentan como los “verdaderos defensores” de los trabajadores y trabajadoras, frente a los sindicatos de clase “vendidos” al gobierno andaluz. Este mensaje ha calado, entre otras cosas, por los errores que hemos podido cometer, además de por no haber sabido informar mejor de nuestros aciertos. Pero, no habría podido calar entre el funcionariado si no hubiese contado con un apoyo político y mediático masivo, en el marco de la brutal campaña que se despliega contra el sindicalismo de clase. La patronal y los sectores más reaccionarios de la sociedad saben que los sindicatos de clase somos un obstáculo a sus planes, y por eso se esfuerzan tanto para intentar acabar con nuestra organización. Y esto no se da sólo a nivel autonómico o estatal, sino que es una campaña que va de la mano de los recortes en derechos sociales y laborales en muchos otros países (por ejemplo, en varios estados norteamericanos, como Ohio y Wisconsin), siguiendo el camino marcado en los primeros años 80 por Thatcher en Gran Bretaña, donde sólo pudo imponer las grandes privatizaciones y los salvajes recortes de derechos sociales y laborales tras derrotar a los sindicatos.

Por todo ello, hoy más que nunca debemos estar unidos, participando en el sindicato para poder salir de este bache reforzados. Es fundamental que, sin renunciar a la autocrítica, seamos capaces de poner por delante lo que nos une, recuperando nuestra unidad y solidaridad, que son las herramientas imprescindibles que nuestra clase social necesita para salvaguardar las conquistas sociales y laborales alcanzadas durante décadas de lucha, pagando en el camino un alto coste de sangre, sudor y lágrimas.

Nos necesitamos los unos a los otros, y por ello os animamos a reforzar el sindicato con nuestra participación.

Artículo de Charo Madueño y Juan Antonio Perles
Funcionarios y afiliados a la FSC-CCOO de Córdoba.

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Los futuros convenios en las Agencias, sin mentir

Desde que comenzó la movida de la reordenación no es extraño ver en la revista digital “Por Andalucía Libre” continuos artículos de opinión atacando a los sindicatos de clase que, posteriormente, son reenviados catalogándolos como “noticias”.

En primer lugar, hay que decir que la citada página web forma parte de la familia ultraderechista de Libertad Digital, esradio, del ínclito Federico Jiménez Losantos, etc. No hay más que pinchar en su apartado “¿Quiénes somos? para verificar el liderato del ala extrema del PP. Que curioso resulta que tanto nombre de inspiración izquierdista (Libertad Digital, Andalucía Libre…) resulte que tiene un fondo nítidamente de la derecha. Es para pensar.

El último artículo de Barreda, aparece en mi correo electrónico reenviado por CGT, sindicato del arco de la izquierda que, de este modo, se constituye en altavoz de un medio de extrema derecha.

Este sindicato, al igual que sindicatos corporativos como CSIF y USTEA, padece una grave esquizofrenia. Les dice a los trabajadores de EGMASA que defienden para este colectivo “el pase a laborales FIJOS de la Junta de Andalucía” y, la vez, sin ningún pudor, se manifiestan contra “la ley del enchufismo” que, precisamente, contempla que el personal procedente de empresas públicas y fundaciones solo podrá acceder a personal laboral de la administración general de la Junta de Andalucía mediante acceso libre.

El citado artículo, una vez más, se basa en una premisa que no aparece en la ley ni en ningún sitio, que no sea en un panfleto de los sindicatos citados o en la imaginación de Barreda: “de aquí a unos meses habrá un nuevo convenio único que agrupará tanto al personal laboral de la administración general y al de las agencias procedentes de empresas públicas y fundaciones”.

Otra falsa premisa (las medias verdades son también mentiras) de la que parte: “El personal laboral se rige por un convenio con unas retribuciones ampliamente superiores a las del personal externo de empresas públicas y fundaciones”. Dejando a un lado el uso despreciativo del término “externo” para definir al personal de las empresas públicas, hay que señalar que una parte de este personal tiene unas retribuciones superiores al personal laboral de la Junta de Andalucía.

Partiendo de estas falsas premisas, el autor llega a la conclusión de que una de tres: se congela el salario del personal laboral de la Junta, se reduce o la Junta va a la bancarrota.

La misma ley 1/2011 contempla expresamente “la  masa  salarial  del  personal  laboral  al  servicio  de  la nueva entidad no podrá superar, como consecuencia de la reordenación  regulada  por  esta  Ley,  la  del  personal  de  las  entidades que se extingan o se transformen”. Este apartado de la DA 4ª de la ley, por sí solo, ya dejaría en puras elucubraciones sin ninguna base toda la teoría del tal Barreda. 

En segundo lugar, habría que reiterar una vez más, que la propia ley deja muy claro que el personal procedente de las empresas públicas y fundaciones tendrá consideración de personal de la agencia y solo podrá acceder a laboral mediante acceso libre, por tanto no se puede integrar dentro del convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía.

Como no podría ser de otra manera, el futuro de los convenios de las distintas agencias se encomienda a la negociación colectiva. Existe un compromiso de estudiar en el seno del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales la estructura de esta negociación.

En cualquier caso el convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía será, de una manera u otra, referencia en la negociación del personal de las agencias (de momento el VI convenio, de momento no tenemos VII gracias a CSIF y UGT).

Existen varias posibilidades: convenios independientes en cada una de las agencias, un convenio para todas las agencias públicas empresariales, un convenio marco para todas las agencias, etc. La administración está interesada en la máxima fragmentación de la negociación colectiva. Considero que los sindicatos de clase deberían defender la mayor convergencia posible. Todo ello dentro de la única limitación que establece la ley a la negociación: el personal de las agencias no se podrá integrar en el convenio colectivo del personal laboral de la administración de la Junta de Andalucía.

En cualquier caso los recortes salariales que sufrimos el personal de la Junta de Andalucía no son responsabilidad de los que Barreda llama “externos” (que también los sufren) sino del gobierno central y del de Andalucía. Contra esos recortes algunos fuimos a una huelga el pasado mes de junio (otros no) y se están realizando acciones judiciales que van por bastante buen camino.

A otros, como Barreda, los laborales de la Junta les importa un pimiento, ellos van a los suyo. Tienen otra prioridad: colaborar en todo lo posible en el asalto al poder de su ppartido.

Subvenciones para la formación ¿o no? (2ª Parte)

Una vez aclarado que no tiene nada de ilegitimo el que las organizaciones sindicales reciban subvenciones para gestionar la formación, hay que señalar otra cuestión más importante: el uso que se pueda hacer de esos fondos.

Al ser subvenciones finalistas deben destinarse exclusivamente a los fines previstos, es decir a la formación.  De entrada, hay que considerar que toda la formación que reciben los trabajadores por parte de la empresa y de los sindicatos debe ser gratuita, dado que ya en nuestra nomina cotizamos por ello –salvo el personal funcionario de MUGEJU y MUFACE-. En segundo lugar, debe ser una formación de calidad, no la simple obtención del certificado, sino que cumpla la finalidad de formar al trabajador en la materia objeto del curso. En tercer lugar, se debe de optimizar los recursos, para llegar al mayor número de trabajadores, con la máxima calidad y el mínimo coste.

Indudablemente, estos principios no se mantienen cuando determinados sindicatos, de los llamados “independientes”, ofertan cursos homologados a 50 euros, con un descuento de 20 € a los afiliados, con lo que sólo costará 30 euros. Incluso otros sindicatos lo dan gratis, a cambio de que te afilies.

Aun así, esto no es lo más grave. No te venden formación en sí, sino el “titulito”. Existen numerosos testimonios de personas que han pagado el correspondiente curso y, sin haber visto un solo tema, a los dos meses han recibido el certificado en su casa ¡Toma Ya!  Pero la cuestión es, que esta práctica, de determinados “sindicatos INDEPENDIENTES”, ha acostumbrado a parte del personal en estos usos. De hecho, cuando se oferta un curso de calidad, con un tutor y temario de prestigio, que requiere un esfuerzo y tener que evaluarse, te dicen que no quieren el curso, que prefieren otros que no necesitan ningún  esfuerzo.

Lamentablemente, tanto en el ámbito de la Junta de Andalucía, como en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), existía un campo abierto para que estos sindicatos usaran la formación con el objeto de obtener beneficios. Afortunadamente la intervención de los sindicatos que creen realmente en lo “publico”, en este caso nos referimos a Comisiones Obreras, ha conseguido eliminar estas prácticas.

Vemos por tanto que, para algunos, la formación no es costosa, ni por supuesto de calidad; pero sí optimizan “sus” recursos dando cursos de baja calidad –o, más bien, regalando certificados- y ofertando otros con numerosas plazas a unos costes irrisorios.

Subvenciones para la formación ¿o no? (1ª Parte)

En este país, con una economía tan subvencionada que hasta las cabras reciben subvención, hay quien se plantea lo ilícito, inmoral, alegal, etc. que son las subvenciones que reciben los sindicatos. Para empezar debemos saber diferenciar las subvenciones, que como representantes de los trabajadores, reciben las organizaciones sindicales del Estado. Igual de legítima que las que reciben los partidos políticos, organizaciones empresariales, ongs, hasta la santa iglesia. Y, por otra parte, las subvenciones finalistas para la ejecución de acciones formativas. Sobre estas últimas quiero emplear las siguientes líneas, para ver si apagamos tanto incendio demagogo.

Todos los trabajadores y las trabajadoras de este país, a través de su nómina, pagan una cuota para su formación, lo que supone unos voluminosos fondos que el Estado destinaba a otros menesteres, distintos a la formación. Fue a partir de la presión síndical cuando se alcanzaron los pactos tripartitos, entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, con el fin de destinar estos fondos a la formación de los trabajadores y las trabajadoras y donde una parte podía ser gestionada por sus máximos representantes: CC.OO. y UGT. Por tanto, cuando escucho críticas a que los sindicatos recibamos fondos para gestionar la formación, me vienen a la cabeza otros tiempos, cuando ese dinero la Administración lo dedicaba a otras cuestiones.

En el ámbito de las Administraciones Públicas se alcanzó el Acuerdo de Formación de las Administraciones Públicas, -vamos por el V-, firmado por la Administración y los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y CIGA.  En primer lugar, señalar lo curioso de este acuerdo, por el cual se han destinado cuantiosos fondos a la formación continua de los empleados públicos. La mayoría de del personal en este ámbito pertenece a MUFACE, MUGEJU, etc., mutuas que no cotizan por la formación de sus afiliados. Es decir, hay funcionarios y funcionarias que recibimos formación gracias a la aportación de otros trabajadores y trabajadoras. En esta ocasión también los máximos representantes de los trabajadores gestionan un 20% del total de los fondos, para impartir formación, mediante un reparto proporcional a la representación que cada uno tiene en el ámbito de la función pública. En virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional, hoy tienen derecho a recibir esa subvención para la gestión de cursos de formación, cualquier sindicato con representación en este ámbito. 

El primer año tras la sentencia del Constitucional, pusieron la mano todos los sindicatos y recibieron la subvención proporcional a su representación.  Algunos de estos sindicatos, al ver las dificultades de gestionar la subvención y las enormes exigencias de la Administración, se arrogaron de un baño ético y al siguiente año renunciaron a la subvención e iniciaron una batalla contra las subvenciones a los sindicatos.   Continuara...

Queriendo engañar

Fotografía de la asamblea según EEPP AUTÉNTICOS

Hay un grupo de empleados públicos que tienen un blog denominado “EEPP AUTÉNTICOS”. Yo, que soy empleado público pero no sigo su doctrina, para estas personas debo ser un DUPLICADO, o quizás una FALSIFICACIÓN, como un Lacoste encima de una manta en la calle Sierpes.

En ese blog, aparece la noticia de una asamblea convocada en Granada por CCOO, en el Edificio Administrativo Almanyajar, el pasado día 29 de marzo, y se ilustra la noticia con una fotografía que quiere demostrar la escasa presencia de esos otros empleados públicos que no son AUTÉNTICOS. En la puerta del salón de reuniones había un grupo de EEPP AUTÉNTICOS, con sus camisetas blancas, sus cruces negras y sus hojas impresas con el lema “NO ME REPRESENTÁIS” y donde yo añadiría “OBVIAMENTE”.

Fotografía de la asamblea, según CCOO

Hay otra página web, la de CCOO, donde se informa de la asamblea y donde aparece otra fotografía en la que se ven bastantes personas dentro del mismo salón de reuniones. El sindicato denuncia el intento fallido de intimidación del grupo de AUTÉNTICOS sobre aquellas personas que querían asistir a la asamblea. A pesar de ello, se realizó con normalidad y, mira por donde, se despejaron algunas dudas.

¿Por qué ese empeño en que no haya asambleas informativas?

Nadie duda de la capacidad de las personas para entender el texto de la Ley pero, digo yo, que cada uno tiene que saber explicar qué ha hecho durante todo este tiempo, por qué está a favor o por qué está en contra de la ley aprobada. Cuáles son sus propuestas para el futuro inmediato en la Junta de Andalucía... 

En todo caso, quien crea que ya lo sabe todo o simplemente no quiere escuchar explicaciones, no está obligado a perder el tiempo fuera de su puesto de trabajo. 

Hay miedo a la información

Hoy ha sucedido nuevamente. Varias camisetas naranjas rellenas de carne magra, con sus cruces casigamadas, han irrumpido en una asamblea convocada por CCOO para impedir que se informara a los funcionarios y funcionarias sobre la nueva ley aprobada por el Parlamento Andaluz y sobre los Estatutos que se están negociando en la Mesa General para las Agencias, en consecuencia, sobre sus condiciones de trabajo.

Paradójicamente ha ocurrido en la Consejería de Igualdad y Bienestar social. Con total violencia, amenazas, insultos, intimidación… una desproporcionada agresividad y ausencia de respeto, no solo a las relaciones humanas sino, a las normas de convivencia y, posiblemente, a las leyes. Me pregunto si son éstos los que pretenden representar al personal funcionario o laboral de la Junta de Andalucía.

Es la segunda vez que tenemos conocimiento de que ocurre un hecho de estas indeseables características y los protagonistas amenazan con continuar en la misma línea, reventando asambleas informativas. Es preocupante que ni la dirección de estos centros de la Junta de Andalucía, ni la Consejería de Gobernación y Justicia, ni la de Hacienda y Administración Pública den señales de vida, ante tal atropello a las libertades y los derechos en el interior de los centros públicos.

Se empieza por amedrentar a quienes defienden las ideas y se acaba impidiendo por la fuerza el ejercicio de la democracia. Si las autoridades públicas no frenan a estos energúmenos, el día en el que haya que votar habrá pistoleros junto a las urnas. Nosotros seguiremos defendiendo el derecho a opinar en contrario, sin necesidad de violencia ni intimidación y, por supuesto, seguiremos informando.

No nos van a domar, ni nos van a doblegar, ni nos van a domesticar.

¿De qué color es tu camisa?

Al leer la noticia del boicot a la asamblea convocada por UGT en Torretriana, donde pretendían explicar la nueva Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, no he podido evitar un escalofrío que me ha recorrido todo el cuerpo.

Uno es funcionario de carrera desde el siglo pasado y buena parte de esa etapa la vivió en la dictadura y claro recuerda cuando no era posible expresarse libremente y que decir tiene manifestarse o reivindicar algún derecho laboral.

Esas vivencias y las luchas posteriores para superarlas son las que me hacen incomprensibles algunas actuaciones, por ejemplo, no puedo comprender una manifestación ante el Parlamento de Andalucía, que para mi representa la democracia conseguida, la libertad tanto tiempo deseada, la palabra sobre la violencia.

Estas noticias me traen recuerdos nefastos que creía olvidados para siempre, la mentira sistemática, la manipulación interesada y, cuando todo falla, intentar acallar las voces discordantes con la violencia, tal y como ha ocurrido en Torretriana.

Tengo que reconocer que existen algunas diferencias con ese pasado, que se ve que muchos no conocen y otros añoran nostálgicamente. No visten camisas como uniforme, hoy lucen camisetas, que no son negras, ni azules, ni pardas. Son naranjas, son blancas o son moradas. Tienen cruces, que no son gamadas.

Cualquiera de nosotros puede percibir que el camino que se ha seguido en la construcción de estos grupos y en su ideología, conduce de manera consciente al intento de reavivar ideologías, llamémoslas, contrarias a la democracia.

Cuando la verdad poco a poco se abre paso entre los empleados y empleadas públicas andaluces, la inquisición actúa e intenta acallar las voces que la defienden. No lo van a conseguir. Por nuestra historia sabemos bastante de esto. Los demócratas hemos sufrido cárcel, persecución y muerte por esta causa, por lo que no podemos por menos que solidarizarnos con los compañeros de UGT.



Noticia publicada en El País

Independientes apolíticos

Me echo a temblar cuando alguien comienza una frase diciendo: yo soy apolítico, pero…. Me recuerda aquella escena de la película del gran Berlanga, la escopeta nacional, donde uno de los personajes afirma:  ¿Yo?, apolítico total.  De derechas,  como mi padre.

El “apoliticismo de derechas” es una de las herencias que ha dejado el franquismo en la sociedad y aún perdura. El propio dictador Francisco Franco le dio este sabio consejo a uno de sus ministros: Tu haz como yo, no te metas en política. Ciertas independencias, como los apoliticismos, esconden en numerosas ocasiones dependencias inconfesables.

Sin embargo, voy a sostener una teoría, que seguramente no es compartida por la mayoría del minoritario y selecto grupo que lee este blog: a pesar de la connivencia que estamos observando en Andalucía y que queda muy bien reflejada en el artículo publicado por Román Orozco en El País y reproducido en este blog: CSIF no es la correa de transmisión del PP.

O mejor dicho, este sindicato “no es sólo” la correa de transmisión del PP, sino que tiene tendencia a serlo de cualquier partido que gobierne.

Para empezar, un apunte histórico. En el año 1988, antes de la mayor huelga general que ha conocido el país, el gobierno del PSOE de Felipe González había firmado un acuerdo con CSIF sobre retribuciones de empleados públicos. Acuerdo que tuvieron que comerse después de que CCOO y UGT paralizaran el país en dicha huelga.

No hay que irse tan lejos, en la última huelga general, CSIF le echa un cable al gobierno de Zapatero no convocando y obstruyendo, en la medida de sus posibilidades, una huelga general que, entre sus objetivos rechazaba los recortes salariales y sociales.

Tampoco se puede olvidar el gran favor electoral que le regaló CSIF al gobierno andaluz del PSOE,  prorrogando el VI del convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía, que había sido denunciado por CCOO, unos meses antes de las anteriores elecciones autonómicas.  ¿Y que consiguió a cambio de esta paz social regalada al partido del gobierno de la Junta?.  Pues absolutamente nada. Todo lo contrario, el convenio va a ser negociado totalmente inmersos en la peor crisis de nuestra historia.

Generalizando, quien conoce la trayectoria de CSIF puede afirmar que  lo firma todo: prórroga de convenio, ofertas de empleo, bases de convocatorias, etc. Y no solo en Andalucía, también en comunidades gobernadas por el PP como Galicia, Murcia, Madrid y otras comunidades y administraciones gobernadas por el PSOE incluyendo la administración general del estado.

¿Y por que el empecinamiento en contra de la reordenación en Andalucía?.  Mi teoría es que, en principio la oposición por parte de este sindicato proviene de un “ataque de cuernos” al no estar en la firma del primer acuerdo que se realiza en el marco de la concertación social.

Mientras CCOO, desde el verano realizaba asambleas informativas y organizaba movilizaciones, sólo trabajadores de la Agencia Andaluza del Agua se movilizaban. CSIF & company  estaban callados.

Cuando le dan vela en el entierro ya era tarde. En condiciones normales les habría faltado tiempo para firmar, pero la situación adquiere una dimensión inesperada, falta poco para las elecciones sindicales y hay que sacar tajada. Es el único motivo para que no firmen una reordenación que es mucho más garantista de derechos de empleadas y empleados públicos y de acceso la administración mediante principios constitucionales que, por ejemplo la gallega, que sí han firmado.

Como dicen en mi pueblo: quien no te conozca, que te compre.

Problemas para informar, facilidades para intoxicar

CCOO está desplegando un importante dispositivo para informar a los empleados y empleadas públicas sobre la nueva ley de reordenación del sector público en la Junta de Andalucía y, en base a ello, está convocando un buen número de asambleas de centro de trabajo por toda la comunidad autónoma.

Pues bien, durante la última semana, algunos Delegados Provinciales parecen haberse puesto de acuerdo para poner todo tipo de trabas a la celebración de estas asambleas, poniendo un extraordinario empeño en preservar “el normal desarrollo de las tareas administrativas” y “evitar cualquier alteración” en la prestación de servicios a la ciudadanía, según reza en alguna de las comunicaciones denegatorias de las correspondientes solicitudes.

Increíble. Sorprendente. Insólito. No sé muy bien qué adjetivo elegir para calificar cualquiera de los escritos firmados por el Delegado de Hacienda y Administración Pública de Granada o los Secretarios Generales de las Delegaciones Provinciales en Cádiz de Consejerías como la de Igualdad, Empleo, Obras Públicas, Medio Ambiente o Agricultura y Pesca, que pretenden impedir que Comisiones Obreras informe sobre los efectos en las condiciones de trabajo de la nueva ley.

Frente a este extraordinario celo, contrasta (como un besugo en una frutería) la dejadez, la indolencia (o la complicidad) con que éstos mismos, miran hacia el ala oeste mientras, en el ala este, se concentran cada día, sin permiso alguno, varias camisetas naranjas con cruces negras rellenas de carne magra, tocando con ritmo espasmódico tambores y pitos, berreando insultos que, no por haberse convertido en lemas de campaña han dejado de ser insultos, mentiras y engaños.

Claro que, también pudiera ser que, esto que viene ocurriendo desde hace ya varios meses, no esté alterando el normal desarrollo de la prestación del servicio. De ahí que quienes velan por el buen funcionamiento no hayan dicho ni mú. Habría entonces que pensar en qué servicios están prestando habitualmente esos de las camisetas en sus puestos de trabajo. Quizás nos sorprenderíamos.

FUNCIONARIOS SIN ENCHUFE

Artículo de Román Orozco en "El País":

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Funcionarios/enchufe/elpepuespand/20110224elpand_4/Tes

Si Javier Arenas viviera en Galicia, podría ser funcionario sin necesidad de aprobar una oposición. Dejaría de ser personal laboral de la Junta y escalaría un peldaño en su vida profesional.

Alicia Martos, líder del sindicato corporativo CSIF, podría tener la misma suerte. También es personal laboral de la Junta.

Curiosamente, Arenas y Martos, dos personas que dirigen el enfrentamiento con la Junta por la 

Arenas fue antes (1979) jefe del gabinete Técnico de la Dirección General de la Juventud, dependiente de ese ministerio. Era entonces ministro Manuel Clavero, su mentor político desde la Facultad de Derecho de Sevilla. El 1 de julio de 1981, ingresó como personal laboral del Ministerio, adscrito a un archivo de Sevilla. Era ministro Íñigo Cavero, militante, como el joven Arenas, del Partido Popular Demócrata Cristiano (PPDC).

Que se sepa, nunca realizó las oposiciones para alcanzar el nivel de funcionario. Sin embargo, consta como tal en su biografía del Congreso de los Diputados (IV Legislatura, 1989-1993) y en la página web de su partido. Por cierto: en la página del PP tampoco figura que fue derrotado tres veces en las elecciones a la presidencia de la Junta. En la actualidad, Arenas goza de excedencia forzosa en su puesto de archivero.

Alicia Martos ingresó como despensera (encargada de suministros) en un centro del Instituto de la Juventud (dependiente del Ministerio de Cultura) de Aznalcázar (Sevilla). Si Arenas tenía buenos contactos en el ministerio, Alicia contará con el inestimable asesoramiento de su tío, Fernando Martos, alcalde de Baza durante el franquismo, y con una destacada carrera en el ámbito de la juventud en los últimos años de la dictadura. Con la democracia, ocupó puestos de responsabilidad en los gobiernos de Aznar, de los que formó parte Arenas.

Con las transferencias de Cultura en 1983, Arenas y Martos pasaron a ser personal laboral de la Junta. Martos, con la categoría de titulada superior del Grupo I. Treinta años después, coinciden en su oposición a la Junta.

Pero el decreto es ya ley. El día 16 fue aprobada en el Parlamento la Ley de Reordenación del Sector Público. El pasado martes entró en vigor.

La inteligente posición mantenida por UGT y CC OO, que se opusieron al primer decreto y forzaron a la Junta a rectificarlo, contrasta con la cerrazón de los sindicatos gremiales que se negaron a aportar enmiendas en el Parlamento y amenazan con boicotear los mítines socialistas en la campaña electoral. Por cierto: la reciente encuesta de Cepes aporta este valioso dato: el 68,8% de los andaluces está de acuerdo o algo de acuerdo con la reforma.

La estrategia del PP quedó destrozada además cuando el BOE publicó el día 10 una disposición adicional a la Ley de la Función Pública de Galicia según la cual el personal laboral se convertirá en funcionario sin pasar por la oportuna oposición "de libre concurrencia". Allí si puede haber enchufismo. Aquí, no. Una vez más, se confirma que el PP hace donde gobierna (Galicia) lo contrario de lo que predica donde es oposición.

Si Arenas y Martos quieren ascender, deberán aprobar la oposición correspondiente o marcharse a Galicia. En eso le llevan ventaja el presidente José Griñán y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, principales artífices de la reforma, sobre quienes peperos y gremialistas han volcado su ira. Ambos son funcionarios desde muy temprana edad. Martínez Aguayo, por partida doble: Enfermera y médico de familia de la SS, desde los 25 años. Griñán, inspector de Trabajo desde los 24.

Aprobaron a la primera. Sin enchufe

reordenación del sector público, tienen puntos comunes en su perfil laboral: ambos proceden del Ministerio de Cultura.

Muerte y nacimiento del sector público andaluz

Los sindicatos corporativos en la Junta de Andalucía han convocado una manifestación de protesta frente al Parlamento Andaluz, asegurando que hoy se perpetra “un delito” y aseguran que con la aprobación de la Ley de reordenación se verifica el “entierro del sector público”, con lo que se podría concluir, con toda seguridad, que aquí ha habido una muerte y que, en apareciendo el cuerpo y realizando la correspondiente autopsia, habría que empezar a hablar de  homicidio.

Ahora bien, el hecho constatado es que hoy se aprueba una ley que podemos considerar como el nacimiento de un nuevo diseño del sector público andaluz, una ley precedida de un par de decretos de poca fortuna que, con mucha ayuda de CCOO y otros agentes sociales, incluidas las asociaciones de ciudadanos como FACUA o UCA, ha mejorado de manera notable su articulado.

Finalmente, se garantiza la prestación de servicios desde lo público y todos los derechos en liza de las empleadas y empleados públicos de la Junta de Andalucía, así como, los de las personas que desempeñan estos servicios desde las empresas públicas, están igualmente garantizados.

En efecto, ha habido una muerte y ha habido un nacimiento, a ver si por un casual ha sido una reencarnación!!

P.D.: Oigo ecos lejanos: “privatizaciones… ones… ones…”, “enchufismo… ismos… ismo…”

CÓMO ESCONDER LA FALTA DE PROPUESTAS

Uno de los grandes males de la puesta en marcha de esta reordenación del sector público en la Junta de Andalucía, es la guerra total que se está produciendo en los centros de trabajo públicos.

Resulta que una decisión del Gobierno Andaluz sirve para que nos enfrentemos entre nosotros y nosotras, personas empleadas públicas, en una espiral de insultos de parvulario que van desde el “…yo he aprobado unas oposiciones puras y duras…” hasta el “…aquí el que trabaja soy yo, vosotros sois unos vagos, parásitos de la sociedad… ”. Hemos llegado a publicar nuestro historial profesional o el de otras personas: para justificar esas afirmaciones, certificar que decimos la verdad y merecer tener todos los derechos pero, sobre todo, para certificar que otros no merecen tener ningún derecho, ni siquiera el derecho al trabajo.

Mientras nos pasamos el día señalándonos con el dedo de señalar (“…y tú más…”,  “…pues anda que tú, con esas gafas…”) ocurren dos cosas que nos afectan mucho más que ese vodevil que representamos: la reordenación sigue su camino en el trámite parlamentario y la sociedad nos mira (a las personas empleadas públicas) cada vez con más desdén por estar pendientes del ombligo mientras fuera, en la calle, hace un frío de crisis que te pelas.

Es bueno recordar, en algún caso descubrir, que ese proyecto de ley no quita derechos a nadie, ninguno y a pesar de su mal nacimiento (¿cuál es la pelea, entonces?); que va a rediseñar los servicios públicos andaluces, cómo y quién los presta; que los partidos políticos están defendiendo sus enmiendas al proyecto de ley (los que las tienen), las organizaciones sociales han dado su opinión y sólo dos de los sindicatos que representan al personal afectado están influyendo en ese debate, negociando modificaciones en el articulado para garantizar que no se violan derechos.

El sindicato que se autocalifica “mayoritario”, junto con otros corporativos, siguen lamentablemente atascados y escondiendo su fracaso y su falta de propuestas detrás de una campaña de fomento de la discordia y la pelea entre iguales.

LA REORDENACIÓN, FINALMENTE EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

El Gobierno de la Junta de Andalucía decidió a comienzos del verano pasado, afrontar una reordenación de todo el sector público en Andalucía, reduciendo el número de entidades instrumentales en más de 100, mediante complejos procesos de fusión, integración, absorción o extinción para, con todo ello, ahorrar 100 millones de euros en tres años.  

La feliz idea se llevó a cabo, inicialmente, mediante un Decreto-Ley (5/2010) que contenía gravísimos errores de concepto, en lo referente a la prestación de los servicios que pretendía ordenar y sobre las personas que prestaban dichos servicios. Suponía en la forma, una imposición descarada e insensible a los legítimos intereses profesionales y laborales de las empleadas y empleados públicos y, en el fondo, esquivar de manera cobarde el debate en el Parlamento Andaluz y en la sociedad de un asunto de tanto calado.

Ante esta manera de gobernar, se organizó una auténtico "tangai" en la Junta de Andalucía y en todas aquellas empresas, agencias, fundaciones, etc. a las que afectaba el Decreto.  Un desconcierto en el que nadie tenía asegurado ningún futuro laboral ni profesional y caldo de cultivo para el sectarismo y la confrontación. Todos contra todos, "cada cual que defienda su derecho" se leía en un cartel pegado con cinta adhesiva en un centro público, "quieren enchufar a 25000 paniaguados" se escribió en un renombrado periódico, "van a privatizar los servicios públicos" gritaban funcionarios y funcionarias. En medio de esta tempestad estuvimos a punto de mandar al paro a 25.000 personas, porque no había superado ninguna oposición, y a 25.000 funcionarios porque sus puestos se iban a privatizar. Todo a la vez.

En esa situación, unos decidieron adoptar la derogación como máxima irrenunciable, otros optaron por forzar la negociación para arreglar el estropicio. 

Pasados unos meses, los primeros siguen encasquillados en su exigencia, los segundos han conseguido que la reordenación del sector público en Andalucía que, dicho sea de paso nadie discute su necesidad, sea negociada con los representantes sindicales y debatida en el Parlamento Andaluz. Todos los sindicatos, incluidos los de la derogación, han comparecido ante el Parlamento para formalizar su posición al respecto. A partir de ahí, podemos empezar a ver con mayor claridad cuales son sus verdaderos intereses (he estado a punto de decir objetivos pero, en algunos casos, son simples intereses), por los que se mueven.

Dentro de otros pocos meses, cuando las aguas vuelvan a su cauce, a la vista de la nueva realidad que nos espera en los servicios públicos y ante la ineludible evaluación de los legítimos derechos que han estado en riesgo, señalaremos de manera inequívoca quienes han luchado para conseguir salvar una situación objetivamente desfavorable y quienes, simplemente, no han conseguido nada (como siempre).