Subvenciones para la formación ¿o no? (1ª Parte)

En este país, con una economía tan subvencionada que hasta las cabras reciben subvención, hay quien se plantea lo ilícito, inmoral, alegal, etc. que son las subvenciones que reciben los sindicatos. Para empezar debemos saber diferenciar las subvenciones, que como representantes de los trabajadores, reciben las organizaciones sindicales del Estado. Igual de legítima que las que reciben los partidos políticos, organizaciones empresariales, ongs, hasta la santa iglesia. Y, por otra parte, las subvenciones finalistas para la ejecución de acciones formativas. Sobre estas últimas quiero emplear las siguientes líneas, para ver si apagamos tanto incendio demagogo.

Todos los trabajadores y las trabajadoras de este país, a través de su nómina, pagan una cuota para su formación, lo que supone unos voluminosos fondos que el Estado destinaba a otros menesteres, distintos a la formación. Fue a partir de la presión síndical cuando se alcanzaron los pactos tripartitos, entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, con el fin de destinar estos fondos a la formación de los trabajadores y las trabajadoras y donde una parte podía ser gestionada por sus máximos representantes: CC.OO. y UGT. Por tanto, cuando escucho críticas a que los sindicatos recibamos fondos para gestionar la formación, me vienen a la cabeza otros tiempos, cuando ese dinero la Administración lo dedicaba a otras cuestiones.

En el ámbito de las Administraciones Públicas se alcanzó el Acuerdo de Formación de las Administraciones Públicas, -vamos por el V-, firmado por la Administración y los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y CIGA.  En primer lugar, señalar lo curioso de este acuerdo, por el cual se han destinado cuantiosos fondos a la formación continua de los empleados públicos. La mayoría de del personal en este ámbito pertenece a MUFACE, MUGEJU, etc., mutuas que no cotizan por la formación de sus afiliados. Es decir, hay funcionarios y funcionarias que recibimos formación gracias a la aportación de otros trabajadores y trabajadoras. En esta ocasión también los máximos representantes de los trabajadores gestionan un 20% del total de los fondos, para impartir formación, mediante un reparto proporcional a la representación que cada uno tiene en el ámbito de la función pública. En virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional, hoy tienen derecho a recibir esa subvención para la gestión de cursos de formación, cualquier sindicato con representación en este ámbito. 

El primer año tras la sentencia del Constitucional, pusieron la mano todos los sindicatos y recibieron la subvención proporcional a su representación.  Algunos de estos sindicatos, al ver las dificultades de gestionar la subvención y las enormes exigencias de la Administración, se arrogaron de un baño ético y al siguiente año renunciaron a la subvención e iniciaron una batalla contra las subvenciones a los sindicatos.   Continuara...

Queriendo engañar

Fotografía de la asamblea según EEPP AUTÉNTICOS

Hay un grupo de empleados públicos que tienen un blog denominado “EEPP AUTÉNTICOS”. Yo, que soy empleado público pero no sigo su doctrina, para estas personas debo ser un DUPLICADO, o quizás una FALSIFICACIÓN, como un Lacoste encima de una manta en la calle Sierpes.

En ese blog, aparece la noticia de una asamblea convocada en Granada por CCOO, en el Edificio Administrativo Almanyajar, el pasado día 29 de marzo, y se ilustra la noticia con una fotografía que quiere demostrar la escasa presencia de esos otros empleados públicos que no son AUTÉNTICOS. En la puerta del salón de reuniones había un grupo de EEPP AUTÉNTICOS, con sus camisetas blancas, sus cruces negras y sus hojas impresas con el lema “NO ME REPRESENTÁIS” y donde yo añadiría “OBVIAMENTE”.

Fotografía de la asamblea, según CCOO

Hay otra página web, la de CCOO, donde se informa de la asamblea y donde aparece otra fotografía en la que se ven bastantes personas dentro del mismo salón de reuniones. El sindicato denuncia el intento fallido de intimidación del grupo de AUTÉNTICOS sobre aquellas personas que querían asistir a la asamblea. A pesar de ello, se realizó con normalidad y, mira por donde, se despejaron algunas dudas.

¿Por qué ese empeño en que no haya asambleas informativas?

Nadie duda de la capacidad de las personas para entender el texto de la Ley pero, digo yo, que cada uno tiene que saber explicar qué ha hecho durante todo este tiempo, por qué está a favor o por qué está en contra de la ley aprobada. Cuáles son sus propuestas para el futuro inmediato en la Junta de Andalucía... 

En todo caso, quien crea que ya lo sabe todo o simplemente no quiere escuchar explicaciones, no está obligado a perder el tiempo fuera de su puesto de trabajo. 

Hay miedo a la información

Hoy ha sucedido nuevamente. Varias camisetas naranjas rellenas de carne magra, con sus cruces casigamadas, han irrumpido en una asamblea convocada por CCOO para impedir que se informara a los funcionarios y funcionarias sobre la nueva ley aprobada por el Parlamento Andaluz y sobre los Estatutos que se están negociando en la Mesa General para las Agencias, en consecuencia, sobre sus condiciones de trabajo.

Paradójicamente ha ocurrido en la Consejería de Igualdad y Bienestar social. Con total violencia, amenazas, insultos, intimidación… una desproporcionada agresividad y ausencia de respeto, no solo a las relaciones humanas sino, a las normas de convivencia y, posiblemente, a las leyes. Me pregunto si son éstos los que pretenden representar al personal funcionario o laboral de la Junta de Andalucía.

Es la segunda vez que tenemos conocimiento de que ocurre un hecho de estas indeseables características y los protagonistas amenazan con continuar en la misma línea, reventando asambleas informativas. Es preocupante que ni la dirección de estos centros de la Junta de Andalucía, ni la Consejería de Gobernación y Justicia, ni la de Hacienda y Administración Pública den señales de vida, ante tal atropello a las libertades y los derechos en el interior de los centros públicos.

Se empieza por amedrentar a quienes defienden las ideas y se acaba impidiendo por la fuerza el ejercicio de la democracia. Si las autoridades públicas no frenan a estos energúmenos, el día en el que haya que votar habrá pistoleros junto a las urnas. Nosotros seguiremos defendiendo el derecho a opinar en contrario, sin necesidad de violencia ni intimidación y, por supuesto, seguiremos informando.

No nos van a domar, ni nos van a doblegar, ni nos van a domesticar.

¿De qué color es tu camisa?

Al leer la noticia del boicot a la asamblea convocada por UGT en Torretriana, donde pretendían explicar la nueva Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, no he podido evitar un escalofrío que me ha recorrido todo el cuerpo.

Uno es funcionario de carrera desde el siglo pasado y buena parte de esa etapa la vivió en la dictadura y claro recuerda cuando no era posible expresarse libremente y que decir tiene manifestarse o reivindicar algún derecho laboral.

Esas vivencias y las luchas posteriores para superarlas son las que me hacen incomprensibles algunas actuaciones, por ejemplo, no puedo comprender una manifestación ante el Parlamento de Andalucía, que para mi representa la democracia conseguida, la libertad tanto tiempo deseada, la palabra sobre la violencia.

Estas noticias me traen recuerdos nefastos que creía olvidados para siempre, la mentira sistemática, la manipulación interesada y, cuando todo falla, intentar acallar las voces discordantes con la violencia, tal y como ha ocurrido en Torretriana.

Tengo que reconocer que existen algunas diferencias con ese pasado, que se ve que muchos no conocen y otros añoran nostálgicamente. No visten camisas como uniforme, hoy lucen camisetas, que no son negras, ni azules, ni pardas. Son naranjas, son blancas o son moradas. Tienen cruces, que no son gamadas.

Cualquiera de nosotros puede percibir que el camino que se ha seguido en la construcción de estos grupos y en su ideología, conduce de manera consciente al intento de reavivar ideologías, llamémoslas, contrarias a la democracia.

Cuando la verdad poco a poco se abre paso entre los empleados y empleadas públicas andaluces, la inquisición actúa e intenta acallar las voces que la defienden. No lo van a conseguir. Por nuestra historia sabemos bastante de esto. Los demócratas hemos sufrido cárcel, persecución y muerte por esta causa, por lo que no podemos por menos que solidarizarnos con los compañeros de UGT.



Noticia publicada en El País

Independientes apolíticos

Me echo a temblar cuando alguien comienza una frase diciendo: yo soy apolítico, pero…. Me recuerda aquella escena de la película del gran Berlanga, la escopeta nacional, donde uno de los personajes afirma:  ¿Yo?, apolítico total.  De derechas,  como mi padre.

El “apoliticismo de derechas” es una de las herencias que ha dejado el franquismo en la sociedad y aún perdura. El propio dictador Francisco Franco le dio este sabio consejo a uno de sus ministros: Tu haz como yo, no te metas en política. Ciertas independencias, como los apoliticismos, esconden en numerosas ocasiones dependencias inconfesables.

Sin embargo, voy a sostener una teoría, que seguramente no es compartida por la mayoría del minoritario y selecto grupo que lee este blog: a pesar de la connivencia que estamos observando en Andalucía y que queda muy bien reflejada en el artículo publicado por Román Orozco en El País y reproducido en este blog: CSIF no es la correa de transmisión del PP.

O mejor dicho, este sindicato “no es sólo” la correa de transmisión del PP, sino que tiene tendencia a serlo de cualquier partido que gobierne.

Para empezar, un apunte histórico. En el año 1988, antes de la mayor huelga general que ha conocido el país, el gobierno del PSOE de Felipe González había firmado un acuerdo con CSIF sobre retribuciones de empleados públicos. Acuerdo que tuvieron que comerse después de que CCOO y UGT paralizaran el país en dicha huelga.

No hay que irse tan lejos, en la última huelga general, CSIF le echa un cable al gobierno de Zapatero no convocando y obstruyendo, en la medida de sus posibilidades, una huelga general que, entre sus objetivos rechazaba los recortes salariales y sociales.

Tampoco se puede olvidar el gran favor electoral que le regaló CSIF al gobierno andaluz del PSOE,  prorrogando el VI del convenio del personal laboral de la Junta de Andalucía, que había sido denunciado por CCOO, unos meses antes de las anteriores elecciones autonómicas.  ¿Y que consiguió a cambio de esta paz social regalada al partido del gobierno de la Junta?.  Pues absolutamente nada. Todo lo contrario, el convenio va a ser negociado totalmente inmersos en la peor crisis de nuestra historia.

Generalizando, quien conoce la trayectoria de CSIF puede afirmar que  lo firma todo: prórroga de convenio, ofertas de empleo, bases de convocatorias, etc. Y no solo en Andalucía, también en comunidades gobernadas por el PP como Galicia, Murcia, Madrid y otras comunidades y administraciones gobernadas por el PSOE incluyendo la administración general del estado.

¿Y por que el empecinamiento en contra de la reordenación en Andalucía?.  Mi teoría es que, en principio la oposición por parte de este sindicato proviene de un “ataque de cuernos” al no estar en la firma del primer acuerdo que se realiza en el marco de la concertación social.

Mientras CCOO, desde el verano realizaba asambleas informativas y organizaba movilizaciones, sólo trabajadores de la Agencia Andaluza del Agua se movilizaban. CSIF & company  estaban callados.

Cuando le dan vela en el entierro ya era tarde. En condiciones normales les habría faltado tiempo para firmar, pero la situación adquiere una dimensión inesperada, falta poco para las elecciones sindicales y hay que sacar tajada. Es el único motivo para que no firmen una reordenación que es mucho más garantista de derechos de empleadas y empleados públicos y de acceso la administración mediante principios constitucionales que, por ejemplo la gallega, que sí han firmado.

Como dicen en mi pueblo: quien no te conozca, que te compre.

Problemas para informar, facilidades para intoxicar

CCOO está desplegando un importante dispositivo para informar a los empleados y empleadas públicas sobre la nueva ley de reordenación del sector público en la Junta de Andalucía y, en base a ello, está convocando un buen número de asambleas de centro de trabajo por toda la comunidad autónoma.

Pues bien, durante la última semana, algunos Delegados Provinciales parecen haberse puesto de acuerdo para poner todo tipo de trabas a la celebración de estas asambleas, poniendo un extraordinario empeño en preservar “el normal desarrollo de las tareas administrativas” y “evitar cualquier alteración” en la prestación de servicios a la ciudadanía, según reza en alguna de las comunicaciones denegatorias de las correspondientes solicitudes.

Increíble. Sorprendente. Insólito. No sé muy bien qué adjetivo elegir para calificar cualquiera de los escritos firmados por el Delegado de Hacienda y Administración Pública de Granada o los Secretarios Generales de las Delegaciones Provinciales en Cádiz de Consejerías como la de Igualdad, Empleo, Obras Públicas, Medio Ambiente o Agricultura y Pesca, que pretenden impedir que Comisiones Obreras informe sobre los efectos en las condiciones de trabajo de la nueva ley.

Frente a este extraordinario celo, contrasta (como un besugo en una frutería) la dejadez, la indolencia (o la complicidad) con que éstos mismos, miran hacia el ala oeste mientras, en el ala este, se concentran cada día, sin permiso alguno, varias camisetas naranjas con cruces negras rellenas de carne magra, tocando con ritmo espasmódico tambores y pitos, berreando insultos que, no por haberse convertido en lemas de campaña han dejado de ser insultos, mentiras y engaños.

Claro que, también pudiera ser que, esto que viene ocurriendo desde hace ya varios meses, no esté alterando el normal desarrollo de la prestación del servicio. De ahí que quienes velan por el buen funcionamiento no hayan dicho ni mú. Habría entonces que pensar en qué servicios están prestando habitualmente esos de las camisetas en sus puestos de trabajo. Quizás nos sorprenderíamos.

FUNCIONARIOS SIN ENCHUFE

Artículo de Román Orozco en "El País":

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Funcionarios/enchufe/elpepuespand/20110224elpand_4/Tes

Si Javier Arenas viviera en Galicia, podría ser funcionario sin necesidad de aprobar una oposición. Dejaría de ser personal laboral de la Junta y escalaría un peldaño en su vida profesional.

Alicia Martos, líder del sindicato corporativo CSIF, podría tener la misma suerte. También es personal laboral de la Junta.

Curiosamente, Arenas y Martos, dos personas que dirigen el enfrentamiento con la Junta por la 

Arenas fue antes (1979) jefe del gabinete Técnico de la Dirección General de la Juventud, dependiente de ese ministerio. Era entonces ministro Manuel Clavero, su mentor político desde la Facultad de Derecho de Sevilla. El 1 de julio de 1981, ingresó como personal laboral del Ministerio, adscrito a un archivo de Sevilla. Era ministro Íñigo Cavero, militante, como el joven Arenas, del Partido Popular Demócrata Cristiano (PPDC).

Que se sepa, nunca realizó las oposiciones para alcanzar el nivel de funcionario. Sin embargo, consta como tal en su biografía del Congreso de los Diputados (IV Legislatura, 1989-1993) y en la página web de su partido. Por cierto: en la página del PP tampoco figura que fue derrotado tres veces en las elecciones a la presidencia de la Junta. En la actualidad, Arenas goza de excedencia forzosa en su puesto de archivero.

Alicia Martos ingresó como despensera (encargada de suministros) en un centro del Instituto de la Juventud (dependiente del Ministerio de Cultura) de Aznalcázar (Sevilla). Si Arenas tenía buenos contactos en el ministerio, Alicia contará con el inestimable asesoramiento de su tío, Fernando Martos, alcalde de Baza durante el franquismo, y con una destacada carrera en el ámbito de la juventud en los últimos años de la dictadura. Con la democracia, ocupó puestos de responsabilidad en los gobiernos de Aznar, de los que formó parte Arenas.

Con las transferencias de Cultura en 1983, Arenas y Martos pasaron a ser personal laboral de la Junta. Martos, con la categoría de titulada superior del Grupo I. Treinta años después, coinciden en su oposición a la Junta.

Pero el decreto es ya ley. El día 16 fue aprobada en el Parlamento la Ley de Reordenación del Sector Público. El pasado martes entró en vigor.

La inteligente posición mantenida por UGT y CC OO, que se opusieron al primer decreto y forzaron a la Junta a rectificarlo, contrasta con la cerrazón de los sindicatos gremiales que se negaron a aportar enmiendas en el Parlamento y amenazan con boicotear los mítines socialistas en la campaña electoral. Por cierto: la reciente encuesta de Cepes aporta este valioso dato: el 68,8% de los andaluces está de acuerdo o algo de acuerdo con la reforma.

La estrategia del PP quedó destrozada además cuando el BOE publicó el día 10 una disposición adicional a la Ley de la Función Pública de Galicia según la cual el personal laboral se convertirá en funcionario sin pasar por la oportuna oposición "de libre concurrencia". Allí si puede haber enchufismo. Aquí, no. Una vez más, se confirma que el PP hace donde gobierna (Galicia) lo contrario de lo que predica donde es oposición.

Si Arenas y Martos quieren ascender, deberán aprobar la oposición correspondiente o marcharse a Galicia. En eso le llevan ventaja el presidente José Griñán y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, principales artífices de la reforma, sobre quienes peperos y gremialistas han volcado su ira. Ambos son funcionarios desde muy temprana edad. Martínez Aguayo, por partida doble: Enfermera y médico de familia de la SS, desde los 25 años. Griñán, inspector de Trabajo desde los 24.

Aprobaron a la primera. Sin enchufe

reordenación del sector público, tienen puntos comunes en su perfil laboral: ambos proceden del Ministerio de Cultura.

Muerte y nacimiento del sector público andaluz

Los sindicatos corporativos en la Junta de Andalucía han convocado una manifestación de protesta frente al Parlamento Andaluz, asegurando que hoy se perpetra “un delito” y aseguran que con la aprobación de la Ley de reordenación se verifica el “entierro del sector público”, con lo que se podría concluir, con toda seguridad, que aquí ha habido una muerte y que, en apareciendo el cuerpo y realizando la correspondiente autopsia, habría que empezar a hablar de  homicidio.

Ahora bien, el hecho constatado es que hoy se aprueba una ley que podemos considerar como el nacimiento de un nuevo diseño del sector público andaluz, una ley precedida de un par de decretos de poca fortuna que, con mucha ayuda de CCOO y otros agentes sociales, incluidas las asociaciones de ciudadanos como FACUA o UCA, ha mejorado de manera notable su articulado.

Finalmente, se garantiza la prestación de servicios desde lo público y todos los derechos en liza de las empleadas y empleados públicos de la Junta de Andalucía, así como, los de las personas que desempeñan estos servicios desde las empresas públicas, están igualmente garantizados.

En efecto, ha habido una muerte y ha habido un nacimiento, a ver si por un casual ha sido una reencarnación!!

P.D.: Oigo ecos lejanos: “privatizaciones… ones… ones…”, “enchufismo… ismos… ismo…”

CÓMO ESCONDER LA FALTA DE PROPUESTAS

Uno de los grandes males de la puesta en marcha de esta reordenación del sector público en la Junta de Andalucía, es la guerra total que se está produciendo en los centros de trabajo públicos.

Resulta que una decisión del Gobierno Andaluz sirve para que nos enfrentemos entre nosotros y nosotras, personas empleadas públicas, en una espiral de insultos de parvulario que van desde el “…yo he aprobado unas oposiciones puras y duras…” hasta el “…aquí el que trabaja soy yo, vosotros sois unos vagos, parásitos de la sociedad… ”. Hemos llegado a publicar nuestro historial profesional o el de otras personas: para justificar esas afirmaciones, certificar que decimos la verdad y merecer tener todos los derechos pero, sobre todo, para certificar que otros no merecen tener ningún derecho, ni siquiera el derecho al trabajo.

Mientras nos pasamos el día señalándonos con el dedo de señalar (“…y tú más…”,  “…pues anda que tú, con esas gafas…”) ocurren dos cosas que nos afectan mucho más que ese vodevil que representamos: la reordenación sigue su camino en el trámite parlamentario y la sociedad nos mira (a las personas empleadas públicas) cada vez con más desdén por estar pendientes del ombligo mientras fuera, en la calle, hace un frío de crisis que te pelas.

Es bueno recordar, en algún caso descubrir, que ese proyecto de ley no quita derechos a nadie, ninguno y a pesar de su mal nacimiento (¿cuál es la pelea, entonces?); que va a rediseñar los servicios públicos andaluces, cómo y quién los presta; que los partidos políticos están defendiendo sus enmiendas al proyecto de ley (los que las tienen), las organizaciones sociales han dado su opinión y sólo dos de los sindicatos que representan al personal afectado están influyendo en ese debate, negociando modificaciones en el articulado para garantizar que no se violan derechos.

El sindicato que se autocalifica “mayoritario”, junto con otros corporativos, siguen lamentablemente atascados y escondiendo su fracaso y su falta de propuestas detrás de una campaña de fomento de la discordia y la pelea entre iguales.

LA REORDENACIÓN, FINALMENTE EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

El Gobierno de la Junta de Andalucía decidió a comienzos del verano pasado, afrontar una reordenación de todo el sector público en Andalucía, reduciendo el número de entidades instrumentales en más de 100, mediante complejos procesos de fusión, integración, absorción o extinción para, con todo ello, ahorrar 100 millones de euros en tres años.  

La feliz idea se llevó a cabo, inicialmente, mediante un Decreto-Ley (5/2010) que contenía gravísimos errores de concepto, en lo referente a la prestación de los servicios que pretendía ordenar y sobre las personas que prestaban dichos servicios. Suponía en la forma, una imposición descarada e insensible a los legítimos intereses profesionales y laborales de las empleadas y empleados públicos y, en el fondo, esquivar de manera cobarde el debate en el Parlamento Andaluz y en la sociedad de un asunto de tanto calado.

Ante esta manera de gobernar, se organizó una auténtico "tangai" en la Junta de Andalucía y en todas aquellas empresas, agencias, fundaciones, etc. a las que afectaba el Decreto.  Un desconcierto en el que nadie tenía asegurado ningún futuro laboral ni profesional y caldo de cultivo para el sectarismo y la confrontación. Todos contra todos, "cada cual que defienda su derecho" se leía en un cartel pegado con cinta adhesiva en un centro público, "quieren enchufar a 25000 paniaguados" se escribió en un renombrado periódico, "van a privatizar los servicios públicos" gritaban funcionarios y funcionarias. En medio de esta tempestad estuvimos a punto de mandar al paro a 25.000 personas, porque no había superado ninguna oposición, y a 25.000 funcionarios porque sus puestos se iban a privatizar. Todo a la vez.

En esa situación, unos decidieron adoptar la derogación como máxima irrenunciable, otros optaron por forzar la negociación para arreglar el estropicio. 

Pasados unos meses, los primeros siguen encasquillados en su exigencia, los segundos han conseguido que la reordenación del sector público en Andalucía que, dicho sea de paso nadie discute su necesidad, sea negociada con los representantes sindicales y debatida en el Parlamento Andaluz. Todos los sindicatos, incluidos los de la derogación, han comparecido ante el Parlamento para formalizar su posición al respecto. A partir de ahí, podemos empezar a ver con mayor claridad cuales son sus verdaderos intereses (he estado a punto de decir objetivos pero, en algunos casos, son simples intereses), por los que se mueven.

Dentro de otros pocos meses, cuando las aguas vuelvan a su cauce, a la vista de la nueva realidad que nos espera en los servicios públicos y ante la ineludible evaluación de los legítimos derechos que han estado en riesgo, señalaremos de manera inequívoca quienes han luchado para conseguir salvar una situación objetivamente desfavorable y quienes, simplemente, no han conseguido nada (como siempre).