FUNCIONARIOS SIN ENCHUFE

Artículo de Román Orozco en "El País":

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Funcionarios/enchufe/elpepuespand/20110224elpand_4/Tes

Si Javier Arenas viviera en Galicia, podría ser funcionario sin necesidad de aprobar una oposición. Dejaría de ser personal laboral de la Junta y escalaría un peldaño en su vida profesional.

Alicia Martos, líder del sindicato corporativo CSIF, podría tener la misma suerte. También es personal laboral de la Junta.

Curiosamente, Arenas y Martos, dos personas que dirigen el enfrentamiento con la Junta por la 

Arenas fue antes (1979) jefe del gabinete Técnico de la Dirección General de la Juventud, dependiente de ese ministerio. Era entonces ministro Manuel Clavero, su mentor político desde la Facultad de Derecho de Sevilla. El 1 de julio de 1981, ingresó como personal laboral del Ministerio, adscrito a un archivo de Sevilla. Era ministro Íñigo Cavero, militante, como el joven Arenas, del Partido Popular Demócrata Cristiano (PPDC).

Que se sepa, nunca realizó las oposiciones para alcanzar el nivel de funcionario. Sin embargo, consta como tal en su biografía del Congreso de los Diputados (IV Legislatura, 1989-1993) y en la página web de su partido. Por cierto: en la página del PP tampoco figura que fue derrotado tres veces en las elecciones a la presidencia de la Junta. En la actualidad, Arenas goza de excedencia forzosa en su puesto de archivero.

Alicia Martos ingresó como despensera (encargada de suministros) en un centro del Instituto de la Juventud (dependiente del Ministerio de Cultura) de Aznalcázar (Sevilla). Si Arenas tenía buenos contactos en el ministerio, Alicia contará con el inestimable asesoramiento de su tío, Fernando Martos, alcalde de Baza durante el franquismo, y con una destacada carrera en el ámbito de la juventud en los últimos años de la dictadura. Con la democracia, ocupó puestos de responsabilidad en los gobiernos de Aznar, de los que formó parte Arenas.

Con las transferencias de Cultura en 1983, Arenas y Martos pasaron a ser personal laboral de la Junta. Martos, con la categoría de titulada superior del Grupo I. Treinta años después, coinciden en su oposición a la Junta.

Pero el decreto es ya ley. El día 16 fue aprobada en el Parlamento la Ley de Reordenación del Sector Público. El pasado martes entró en vigor.

La inteligente posición mantenida por UGT y CC OO, que se opusieron al primer decreto y forzaron a la Junta a rectificarlo, contrasta con la cerrazón de los sindicatos gremiales que se negaron a aportar enmiendas en el Parlamento y amenazan con boicotear los mítines socialistas en la campaña electoral. Por cierto: la reciente encuesta de Cepes aporta este valioso dato: el 68,8% de los andaluces está de acuerdo o algo de acuerdo con la reforma.

La estrategia del PP quedó destrozada además cuando el BOE publicó el día 10 una disposición adicional a la Ley de la Función Pública de Galicia según la cual el personal laboral se convertirá en funcionario sin pasar por la oportuna oposición "de libre concurrencia". Allí si puede haber enchufismo. Aquí, no. Una vez más, se confirma que el PP hace donde gobierna (Galicia) lo contrario de lo que predica donde es oposición.

Si Arenas y Martos quieren ascender, deberán aprobar la oposición correspondiente o marcharse a Galicia. En eso le llevan ventaja el presidente José Griñán y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, principales artífices de la reforma, sobre quienes peperos y gremialistas han volcado su ira. Ambos son funcionarios desde muy temprana edad. Martínez Aguayo, por partida doble: Enfermera y médico de familia de la SS, desde los 25 años. Griñán, inspector de Trabajo desde los 24.

Aprobaron a la primera. Sin enchufe

reordenación del sector público, tienen puntos comunes en su perfil laboral: ambos proceden del Ministerio de Cultura.

Muerte y nacimiento del sector público andaluz

Los sindicatos corporativos en la Junta de Andalucía han convocado una manifestación de protesta frente al Parlamento Andaluz, asegurando que hoy se perpetra “un delito” y aseguran que con la aprobación de la Ley de reordenación se verifica el “entierro del sector público”, con lo que se podría concluir, con toda seguridad, que aquí ha habido una muerte y que, en apareciendo el cuerpo y realizando la correspondiente autopsia, habría que empezar a hablar de  homicidio.

Ahora bien, el hecho constatado es que hoy se aprueba una ley que podemos considerar como el nacimiento de un nuevo diseño del sector público andaluz, una ley precedida de un par de decretos de poca fortuna que, con mucha ayuda de CCOO y otros agentes sociales, incluidas las asociaciones de ciudadanos como FACUA o UCA, ha mejorado de manera notable su articulado.

Finalmente, se garantiza la prestación de servicios desde lo público y todos los derechos en liza de las empleadas y empleados públicos de la Junta de Andalucía, así como, los de las personas que desempeñan estos servicios desde las empresas públicas, están igualmente garantizados.

En efecto, ha habido una muerte y ha habido un nacimiento, a ver si por un casual ha sido una reencarnación!!

P.D.: Oigo ecos lejanos: “privatizaciones… ones… ones…”, “enchufismo… ismos… ismo…”

CÓMO ESCONDER LA FALTA DE PROPUESTAS

Uno de los grandes males de la puesta en marcha de esta reordenación del sector público en la Junta de Andalucía, es la guerra total que se está produciendo en los centros de trabajo públicos.

Resulta que una decisión del Gobierno Andaluz sirve para que nos enfrentemos entre nosotros y nosotras, personas empleadas públicas, en una espiral de insultos de parvulario que van desde el “…yo he aprobado unas oposiciones puras y duras…” hasta el “…aquí el que trabaja soy yo, vosotros sois unos vagos, parásitos de la sociedad… ”. Hemos llegado a publicar nuestro historial profesional o el de otras personas: para justificar esas afirmaciones, certificar que decimos la verdad y merecer tener todos los derechos pero, sobre todo, para certificar que otros no merecen tener ningún derecho, ni siquiera el derecho al trabajo.

Mientras nos pasamos el día señalándonos con el dedo de señalar (“…y tú más…”,  “…pues anda que tú, con esas gafas…”) ocurren dos cosas que nos afectan mucho más que ese vodevil que representamos: la reordenación sigue su camino en el trámite parlamentario y la sociedad nos mira (a las personas empleadas públicas) cada vez con más desdén por estar pendientes del ombligo mientras fuera, en la calle, hace un frío de crisis que te pelas.

Es bueno recordar, en algún caso descubrir, que ese proyecto de ley no quita derechos a nadie, ninguno y a pesar de su mal nacimiento (¿cuál es la pelea, entonces?); que va a rediseñar los servicios públicos andaluces, cómo y quién los presta; que los partidos políticos están defendiendo sus enmiendas al proyecto de ley (los que las tienen), las organizaciones sociales han dado su opinión y sólo dos de los sindicatos que representan al personal afectado están influyendo en ese debate, negociando modificaciones en el articulado para garantizar que no se violan derechos.

El sindicato que se autocalifica “mayoritario”, junto con otros corporativos, siguen lamentablemente atascados y escondiendo su fracaso y su falta de propuestas detrás de una campaña de fomento de la discordia y la pelea entre iguales.

LA REORDENACIÓN, FINALMENTE EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

El Gobierno de la Junta de Andalucía decidió a comienzos del verano pasado, afrontar una reordenación de todo el sector público en Andalucía, reduciendo el número de entidades instrumentales en más de 100, mediante complejos procesos de fusión, integración, absorción o extinción para, con todo ello, ahorrar 100 millones de euros en tres años.  

La feliz idea se llevó a cabo, inicialmente, mediante un Decreto-Ley (5/2010) que contenía gravísimos errores de concepto, en lo referente a la prestación de los servicios que pretendía ordenar y sobre las personas que prestaban dichos servicios. Suponía en la forma, una imposición descarada e insensible a los legítimos intereses profesionales y laborales de las empleadas y empleados públicos y, en el fondo, esquivar de manera cobarde el debate en el Parlamento Andaluz y en la sociedad de un asunto de tanto calado.

Ante esta manera de gobernar, se organizó una auténtico "tangai" en la Junta de Andalucía y en todas aquellas empresas, agencias, fundaciones, etc. a las que afectaba el Decreto.  Un desconcierto en el que nadie tenía asegurado ningún futuro laboral ni profesional y caldo de cultivo para el sectarismo y la confrontación. Todos contra todos, "cada cual que defienda su derecho" se leía en un cartel pegado con cinta adhesiva en un centro público, "quieren enchufar a 25000 paniaguados" se escribió en un renombrado periódico, "van a privatizar los servicios públicos" gritaban funcionarios y funcionarias. En medio de esta tempestad estuvimos a punto de mandar al paro a 25.000 personas, porque no había superado ninguna oposición, y a 25.000 funcionarios porque sus puestos se iban a privatizar. Todo a la vez.

En esa situación, unos decidieron adoptar la derogación como máxima irrenunciable, otros optaron por forzar la negociación para arreglar el estropicio. 

Pasados unos meses, los primeros siguen encasquillados en su exigencia, los segundos han conseguido que la reordenación del sector público en Andalucía que, dicho sea de paso nadie discute su necesidad, sea negociada con los representantes sindicales y debatida en el Parlamento Andaluz. Todos los sindicatos, incluidos los de la derogación, han comparecido ante el Parlamento para formalizar su posición al respecto. A partir de ahí, podemos empezar a ver con mayor claridad cuales son sus verdaderos intereses (he estado a punto de decir objetivos pero, en algunos casos, son simples intereses), por los que se mueven.

Dentro de otros pocos meses, cuando las aguas vuelvan a su cauce, a la vista de la nueva realidad que nos espera en los servicios públicos y ante la ineludible evaluación de los legítimos derechos que han estado en riesgo, señalaremos de manera inequívoca quienes han luchado para conseguir salvar una situación objetivamente desfavorable y quienes, simplemente, no han conseguido nada (como siempre).