18 de julio de 2011

La crisis y los empleados públicos

El 12 de julio, Luis Carreto, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), declaró que el funcionario “haga bien o mal su trabajo, no ha sufrido en sus carnes la crisis”, señalando a continuación “los trabajadores se acomodan a la falta de liquidez de una empresa en un momento determinado y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, cuando se le toca el bolsillo a un funcionario, estamos perdidos. Parece que se va a hundir el mundo”, y terminando con una frase para enmarcar: “creo que el trabajo para toda la vida, tanto para el funcionario, como para universidad o la educación, es uno de los grandes errores del país”.


Se pueden hacer varias lecturas de estas declaraciones, empezando por lo más evidente: Carreto, como bien señala Luis Mena, portavoz de CCOO, en declaraciones a Diario Córdoba, no se ha enterado de las medidas de recorte salarial del gobierno sobre los empleados y empleadas del sector público. Carreto, como  representante de la clase empresarial, evidencia una serie de posicionamientos y prejuicios acordes con los intereses de su clase social. Analicemos brevemente algunos de estos posicionamientos.


Comencemos haciendo notar la visión de la gestión de recursos humanos que Carreto explicita. Según él, el problema del sector público no es otro que la estabilidad en el empleo. Como un empresario trasnochado, no entiende otra forma de mejorar la gestión pública y aumentar su productividad que el jarabe de palo, por lo que resulta inaplazable una reforma a fondo del sector público que acabe con los trabajos “para toda la vida”. Por supuesto, no vamos a negar que sea claramente mejorable la gestión de recursos humanos del sector público, pero estas situaciones también se dan en el sector privado, y además, son irrisorias en comparación con los abusos patronales, donde el pan de cada día de los trabajadores y trabajadoras es la vulneración de derechos más que reconocidos en lo formal, quedando en papel mojado en multitud de empresas, donde el miedo al despido impone la ley del silencio entre la clase trabajadora. Luis Carreto sabe perfectamente que eliminando la estabilidad en el empleo, los empleados y empleadas del sector público serán impelidos, como si del siglo XIX se tratara, a asumir sin rechistar y más allá de la legalidad, las directrices de sus mandos políticos (mandos políticos que la patronal no duda que estarán, por lo general y de esa manera, a su servicio), será más fácil realizar reducciones de personal ante eventuales desmantelamientos de áreas públicas de gestión y las condiciones laborales tenderán a empeorar (incluidos los salarios).
En cuanto a esto último, con la bajada de los salarios en el sector público, la clase empresarial logra dos objetivos: reducir el coste de la gestión (lo que libera fondos para subvencionar su actividad con el dinero de todos, rescatar bancos, etc., y al mismo tiempo podría justificar nuevas reducciones de impuestos para las rentas más altas), y modular a la baja los salarios en el sector privado. Esto lo tienen tan claro, que en el famoso “Pacto por el Euro Plus” los gobiernos europeos acuerdan que los salarios en el sector público son un referente para el sector privado, y que por tanto hay que reducirlos.

DESPRESTIGIO DEL SECTOR PÚBLICO
Pero la madre del cordero de los ataques frontales de la patronal a los empleados y empleadas de las distintas administraciones, es la necesidad que tiene esa clase social de desprestigiar el conjunto de la gestión pública. La patronal y los sectores liberales-conservadores a su servicio arremeten sistemáticamente contra el sector público, y no lo hacen por gusto, sino porque es necesario para que maximicen sus beneficios, que es lo que en el fondo determina toda su actividad económica y político-social. Las crisis económicas, paradójicamente, se originan por un exceso de abundancia, un exceso de capitales que generan una superproducción de bienes inasumible por el mercado, obligando a ralentizar la producción.


Necesitan una salida que aumente sus beneficios, y para ello no dudan en reducir costes laborales, disminuyendo al mismo tiempo la capacidad de consumo de la población y, por tanto, agravando el problema. Una opción es buscar nuevos mercados y zonas de influencia en el extranjero, por las buenas o por las bravas (p.ej. Libia), y otra es desviar capitales hacia sectores que estaban en manos del sector público. Así, Aznar, con una “sabia” combinación de explotación salvaje (principalmente dando rienda suelta a las ETTs) y de privatizaciones masivas (Telefónica, Endesa, etc.), pudo solventar la anterior crisis, aumentando los beneficios empresariales a costa de la clase trabajadora y del sector público.
Ahora, Zapatero, con la bendición de la CEOE, realiza las reformas necesarias para que las condiciones laborales empeoren, bajando así los costes laborales para el empresariado, al mismo tiempo que realiza algunas privatizaciones (p.ej. gestión de aeropuertos) y recortes en el sector público que alivien la carga sobre unas arcas públicas esquilmadas por las bajadas de impuestos a los más ricos y el rescate bancario con dinero público.

Por lo tanto, cuando Luis Carreto ataca al funcionariado, lo que en realidad está diciendo es que hay que bajarles todavía más los impuestos a los más ricos, que los salarios del conjunto de trabajadores y trabajadoras tienen que bajar, y que necesitan como el comer privatizaciones, para que lo que ahora es de todos pase a ser de ellos. A este señor le dan igual los datos objetivos, como que España está a la cola de la UE-15 en cuanto a número de personas empleadas del sector público por habitante, y, por lo tanto, a la cola en cuanto a la calidad de su estado de bienestar (ver, por ejemplo,  Vicenç Navarro).

BONO: "LA LUCHA DE CLASES YA NO CUELA NI EN CHINA"
Hace poco, el presidente del Congreso de los Diputados, señor Bono, hizo unas declaraciones en las que dijo que “la lucha de clases en los inicios del siglo XXI es una milonga que no cuela ya ni en China".

Estaría bien que se lo recordara a sus amigos, los Carreto, Rosell y cía., porque ellos practican la lucha de clases con gran virulencia y, reconozcámoslo, con bastante más eficacia que nosotros.
Escuchando a algunos otros representantes empresariales pudiera parecer que lo público (o incluso sus trabajadores) tiene la culpa de la crisis y olvidan “interesadamente” la responsabilidad del  los “empresarios-especuladores” que han contribuido a que la crisis sea tan profunda.
La ciudadanía nos pedirá, cada vez más, cuentas a los representantes, tanto de trabajadores como de empresarios, y no podemos seguir mirando para otro lado o hacia el que está enfrente. Eso debemos hacer los representantes sindicales, asumir nuestra cuota de responsabilidad y trabajar duro para que el futuro sea mejor, lo que es especialmente importante dentro de la Administración por estar al servicio de todos los ciudadanos como servidores públicos. Pero también, personajes como Luis Carreto deberían ser muy prudentes en lo que dicen y hacen o es que hay que recordar con qué recursos se mantienen  en gran parte las estructuras de las organizaciones empresariales (también de sindicatos y partidos políticos). Son recursos públicos que vienen de los impuestos de los ciudadanos “que pagan impuestos”; por cierto todos sabemos que los impuestos directos provienen el 80% aproximadamente de los ciudadanos que tienen “nomina”.
Acabemos lanzando algunas preguntas: ¿Cuánto tiempo lleva Luis Carreto en la cabeza de CECO?, ¿cuál es su salario? y ¿con qué recursos se paga?, ¿tiene realmente actividad empresarial, es decir, es empresario?. En fin, prudencia, transparencia, responsabilidad, buen trabajo y respeto por los demás son elementos esenciales para construir un futuro mejor.



Artículo de Charo Madueño y Juan Antonio Perles
Funcionarios y afiliados a la FSC-CCOO de Córdoba.

Este blog pretende ser un espacio de debate. Envía tu artículo a sectorpublicoandalucia@gmail.com si es seleccionado, será publicado.






18 comentarios:

  1. Está bien que nos centremos de una vez en los verdaderos peligros que se ciernen sobre empleadas y empleados públicos que son la privatización y los recortes salariales y de derechos.
    Ya va siendo hora que superemos la división que hay entre empleados públicos de la Junta de Andalucía.

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  2. MI opinión no está precisamente a favor de los pensamientos de los funcionarios, aqui en Córdoba hay un exceso de funcionarios bastante alto, y un puesto laboral de estas características no es como otro cualquiera, ya que se paga de nuestros impuestos. Si no se reduce el número de funcionarios media España seguirá trabajando para mantener a la otra media. Y eso se tiene q acabar. Hacen falta muchos menos funcionarios pero más trabajadores y responsables.También será casi imposible bajar algun impuesto si de hay tienen q sacar mas sueldo, pensiones y demas. Los funcionarios son un coste hasta cierto punto necesario en nuestro país, pero si se reparten los puestos como se hace en Andalucñia pasa a ser una gran carga que tenemos que soportar los demás trabajadores.

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  3. Esto que digo no me lo invento, tengo amigos funcionarios que se quejan de la dejadez de sus compañeros o que donde antes trabajaban 5 para una labor ese número se ha triplicado en estos últimos años sólo para hacer el mismo trabajo o incluso menos.

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  4. Le recomiendo al autor de los dos últimos comentarios que lea el artículo de Vicenç Navarro que se enlaza en el artículo. No es cierto que en España haya muchos empleados públicos, hay menos que la media europea. Eso significa menos servicios para los ciudadanos.
    Lo que si es cierto que la administración tiene la obligación de hacerla más eficaz.

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  5. Lo que sobra son enchufados de las Agencias y no funcionarios.
    A la administración por oposición!!!!!

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  6. Obviando la diarrea verbal del último anónimo, cuyo CI supongo similar al del ratón de mi PC, no creo que sobren funcionarios. Ya bastante tenemos con casi 5 millones de parados.

    Y lo digo yo, trabajador de agencia, que estoy todo el santo día aguantando sus insultos en una DP de Granada (edificio Almanjáyar). Lo que hace falta es control, y que aquellos que están todo el día dando paseítos (sean funcionarios, laborales o interinos) -los mismos que pican a las 8 y las 8:01 ya están en la calle Joaquina Eguaras tomando café- vean que no podemos seguir. No sé si en la nómina o cómo, pero hay que controlar, reorganizar y optimizar.

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  7. Yo creo que el artículo atina en el problema. La derecha y "los mercados" necesitan hacer caja y los servicios públicos son su objetivo. Las clases "pudientes" no necesitan servicios públicos, pueden pagarse los privados y hacerse un traje a medida. En su opinión, son ellos quienes están sosteniendo esos servicios públicos con sus impuestos.
    A los empleados públicos nos echan a pelear entre nosotros y tiene la mitad del trabajo hecho.
    Al del encefalograma plano, ni caso.

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  8. Lo que sobran son jefecillos y gente que se cree que el puesto es suyo. Mucho presumir de transparencia e independencia (que yo no discuto) pero luego fallan en lo más básico, hacer el trabajo diario.

    Yo digo NO a ni un sólo despido, bastante ha habido y habrá.

    Hay que reestructurar, pero no creo que sobre ni un solo puesto técnico. Lo que sobran son sinvergüenzas.

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  9. Parece que es una consigna de la patronal. Rosell (no el del barça, si no el presidente de la CEOE y jefe de Carreto) también ha dicho que hay que acabar con los "funcionarios prepotentes e incumplidores".
    Todavía hay algún funcionario cortito (como estos que van soltando consignas por los foros y en este blog) que se cree que esto no va con ellos, que la derecha política y económica cuando dice funcionarios quiere decir "externos".

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  10. De todas formas, no está mal lo que dice Rossell, pues habla de funcionarios incumplidores, con lo cual sólo se refiere a los que no cumplen. No es un calificativo a todo el colectivo. Lo peor es que esos incumplidores se creen que por aprobar una oposición (en demasiados casos adulterada) ya tienen permiso para rascarse la barriga a dos manos.

    Derechos sí, cuantos más mejor. Pero no trabajar no puede ser un derecho.

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  11. También es una perla la declaración de Bono sobre la lucha de clases. Este tiene de socialista lo que yo de obispo.
    Ojalá los trabajadores tuviésemos tan claros nuestros intereses de clase como lo tienen los patronos y sus instrumentos políticos: el PPSOE y cia.

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  12. Estoy con Rossell. Ya hay bastantes eepp como para que queramos meter por la puerta de atrás a los de las Agencias.

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  13. El limón del "decreto del enchufismo" y otras historias ya está estrujado, le queda poco zumo.
    Os vino muy bien para que en las elecciones de funcionarios el sindicato safja barriera.
    En laborales, que son muchos mas delegados que en funcionarios, CCOO y UGT siguen siendo ampliamente mayoritarios.
    Así que, ajo, agua y a no quedarse pillados de consignas que ya no dan mas de sí.

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  14. Nunca pensé que una oposición te diera el derecho a no trabajar, a ausentarte del trabajo y, sobre todo, a insultar a otros compañeros que no tienen esas prebendas (digo prebendas, y no derechos).

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  15. a la administración por oposición, vale. Pero ¿una vez dentro puedo uno hacer lo que le dé la gana? ¿Puede creerse el dueño del puesto de trabajo? ¿Puede creerse realmente que es la administración la que está en deuda con él? ¿Puede creerse con el derecho de tratar con el pie a los administrados? Derechos sí, como dicen arriba, prebendas NO.

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  16. Desde luego lo que no puede ser es que el funcionario que se rasca las bolas (o equivalente), el malafollá con el publico, el prepotente, cobre igual y tenga las mismas posibilidades de promocionar que el que se lo curra (que yo creo que son la gran mayoría).
    Pero la administración tiene en sus manos los medios para que esto no sea así.
    Además de la facultad disciplinaria, la ley contempla la llamada "evaluación del desempeño".
    Si las administraciones no la acometen es por que no le interesa o le da igual que funcionen o no los servicios públicos para así tener excusa para privatizar.

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  17. agente 2 urce de sevilla8 de agosto de 2011, 8:57

    Bonitas palabras y magníficas intenciones, pero incongruentes con la actitud real de los sindicatos mayoritarios.
    La mejor defensa de los sindicatos contra esa intención de desprestigiar los servicios públicos sería NO APOYAR las políticas de degradación de los derechos de los trabajadores, como lleva haciendo desde hace años.
    Si además de no apoyarlas, las combatiera y luchara por mantener estos derechos, sería ya perfecto.

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  18. ¿Los sindicatos NO APOYAN los derechos de los trabajadores? Los funcionarios son casi una casta gracias, fundamentalmente, a los sindicatos, que han conseguido para vosotros lo que no se podría ni soñar. Ahora resulta que son los malos, cuando muchos habéis entrado por la puerta de atrás (e.g. oposiciones restringidas o concursazos en los que o llevabas 20 años calentando una silla de interino o no entrabas ni sacando un 10 en la fase de oposición). Enga ya hombre, eso se lo cuentas a los niños de 20 años, a los que somos más viejos casi nos da la risa floja.

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